Pese a que el Consell dictaminó la semana pasada en contra de que las Cortes tomen en consideración la propuesta del PP de recortar las ayudas institucionales a los sindicatos y las patronales más representativas de la Comunidad Valenciana, Compromís dio ayer su apoyo a que se tramite la iniciativa presentada por los populares y se permita el debate. Lo cierto es que Podemos ya tenía decidido dar su apoyo a la tramitación de la reforma de la ley de Colaboración y Participación Institucional por lo que se hubiera debatido igual. Pero Compromís lo que hace es ser coherente con su posición de 2015, contraria precisamente a que el PP aprobara la ley que ahora mismo está en vigor y que generó importantes discrepancias dentro del Consell que entonces encabezaba Alberto Fabra.
Una norma que el partido que lidera Isabel Bonig quiere ahora cambiar para que las subvenciones no recaigan únicamente en los sindicatos y patronal más representativos, sino que se abran a la libre concurrencia de proyectos. Intersindical Valenciana, el sindicato más próximo a Compromís y uno de los excluidos de las ayudas, fue ayer el primero en felicitarse y en asegurar que la actual ley vulnera la libertad sindical y defender que las ayudas se repartan según los delegados con los que cuente cada organización.
Sin embargo pese a abrir el debate, Compromís tiene claro que la iniciativa de los populares responde a «una venganza» contra los sindicatos CC OO y UGT y la patronal autonómica CEV que el pasado 18 de noviembre apoyaron la manifestación en València por una financiación justa. Sin embargo, en palabras de la diputada Mireia Mollà, que ya en 2015 defendió la posición de Compromís, entonces contraria a la actual ley que blinda el reparto a las entidades más representativas, es necesario que la norma sea más «inclusiva» para que más organizaciones accedieran a las ayudas.
Por eso, Compromís apoya iniciar la tramitación para poder realizar cambios en la normativa. Y ello pese a que el Consell defiende en su criterio desfavorable a la toma en consideración que aprobar la reforma en los términos que propone el PP supondría la eliminación de la participación institucional, lo que dificultaría las funciones que tiene encomendadas tanto los sindicatos como las organizaciones empresariales.
Cs a PP: «Su tiempo ha acabado»
Mientras, el diputado popular Fernando Pastor defiende que la reforma que reclama su partido supone romper «con el inmovilismo» y permite abrir la puerta a que «quepan» en el reparto de ayudas todos los actores sociales. Sin embargo, el diputado de Podemos Antonio Montiel reprocha a los populares que en 2015 se dejaran llevar por el electoralismo cuando aprobaron la ley en puertas de las elecciones. Para el socialista Manolo Mata, por contra, la pretensión del PP obedece a un castigo y una venganza a contra las entidades sociales.
Por su parte, Ciudadanos también criticó ayer que el PP quiera ahora cambiar una ley que aprobó en 2015 y el diputado Tony Woodward llegó a asegurar que el tiempo «del PP ha acabado». Los populares quieren acabar con la misma ley que ellos impulsaron en la recta final de su mandato. Entonces trataban de ganarse a sindicatos y patronal, ahora, por contra, tratan de castigarlos.
