El PP informó que el TSJ ha admitido a trámite el recurso que interpuso en su día contra la Oficina Lingüística por vulnerar los derechos personales al «inmiscuirse en las relaciones privadas» y «hacer un registro señalando los buenos y malos valencianos» además de por «invadir» competencias de las competencias de la administración local o la administración general del Estado como también advierte, ha señalado, un informe de la Subsecretaría de Presidencia y del Consell Jurídic Consultiu (CJC). El presidente del grupo parlamentario popular en las Cortes, Jorge Bellver; y la portavoz de Justicia, Mª José Ferrer San-Segundo, explicaron que el alto tribunal les ha comunicado la apertura de plazo para formalizar la demanda y les ha entregado asimismo el expediente administrativo en el que se incluye un informe de la subsecretaria de Presidencia como otro del Consejo Jurídico Consultivo que coinciden, básicamente, en sus alegaciones.
Al respecto, Ferrer San-Segundo ha aclarado que el PP se vio obligado a recurrir a la vida judicial porque «no les hicieron ni caso» por la parlamentaria y argumentaron que no tomaban en consideración sus alegaciones porque eran «un juicio de valor». Sin embargo, explicó que el informe que Presidencia remitió a la conselleria de Educación «coincide» con las alegaciones principales del PP. Este estudio observa «falta de fundamentación legal para las obligaciones que se establecen en relaciones a las administraciones local y estatal» así como «vulneración del principio de legalidad» derivada de la aplicación de este decreto en el ámbito de las relaciones privadas con la creación de «comisarios lingüísticos». Por otra parte, el PP ha presentado 26 enmiendas al proyecto de Ley de creación del Consejo del Audiovisual, en las que propone hablar del «fomento, que no imposición, del valenciano en el sector audiovisual de la Comunidad».
