Descontento general entre los pueblos excluidos del Plan provincial de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales, conocido como «Plan de Obras» de la Diputación, en el que solicitan participar los municipios con el objetivo de obtener una inversión destinada a construir o restaurar vías e instalaciones en sus localidades, entre otras actuaciones. Tras la noticia publicada ayer por este diario, en la que se contaba que los once municipios que se han quedado fuera del reparto están dirigidos por gobiernos progresistas, las alcaldías de las localidades afectadas han reaccionado con duras críticas que hacen mención a la preferencia de la Diputación por los pueblos gobernados por el Partido Popular.

Algorfa es uno de los municipios que se han quedado fuera del reparto. Solicitaban entrar en el «Plan de Obras» de la Diputación para costear un pabellón de deportes con un presupuesto de 700.000 euros, del que hubieran tenido que asumir el 20%. «Fuimos a hablar con el diputado Bernabé Cano, el alcalde de La Nucía, para explicarle que teníamos el problema de ser el único municipio de la Vega Baja que no tiene un pabellón cubierto, y nos dijo que solicitar la participación en este Plan era la única manera de conseguirlo», explica Manuel Iván Ros, alcalde de Algorfa, quien expresa el gran malestar que sintió cuando pocos meses después de esta reunión se enteró de que el diputado de Hacienda y alcalde de Busot había conseguido para su municipio una subvención directa -sin concurrencia pública- de 800.000 euros financiada por la institución provincial y destinada a un proyecto similar. «Venden que es la dipu de los pueblos, pero habría que ver de qué color son esos pueblos. Es lamentable que esto pase así».

Guardamar es otra de las localidades excluidas del reparto. Su alcalde, José Luis Sáez, tilda de «falta de respeto» que su municipio haya quedado fuera de una inversión con la que se pretendía remodelar una construcción levantada hace treinta años. «Es sintomático que todos los municipios que se han quedado fuera no estén gobernados por el PP. Entramos en año electoral y parece que ya no han disimulado y lo han hecho con todo el descaro del mundo», explica Sáez. «Me parece una vergüenza. Ellos se reparten subvenciones de carácter nominal y luego hacen gala del famoso eslogan de la Diputación de los pueblos. Parece ser que algunos no entienden que el dinero público es de todos y por tanto el reparto debe serlo también».

Además de Algorfa y Guardamar, han quedado en la reserva de este plan: Biar, Benitaxell, El Verger, Muro de Alcoy, Pego, Cocentaina, Rojales y Agost, todos ellos en manos de gobiernos socialistas, de Compromís o mixtos de izquierdas.

El alcalde de este último Ayuntamiento, Agost, se ha sumado a la crítica haciendo uso del «lema» con el que se publicita la Diputación: «Más que de todos, es la dipu de los pueblos del Partido Popular», opinó ayer Luis Vicente Castelló. El regidor mostró también su sorpresa al ver que en la comisión de Hacienda que dio luz verde a este plan se encontraba Juan José Castelló, diputado provincial y ex alcalde de Agost, quien votó a favor de la aprobación. Del mismo modo, lanzó su crítica a las subvenciones «a dedo»: «Para nosotros no son posibles, pero sí que lo son para los pueblos que ellos quieren», añadió Luis Vicente.

Antonio Pérez, alcalde de Rojales, municipio que se ha quedado fuera del «Plan de Obras» por segunda vez, lanza la necesidad de «mirar alguna fórmula» para decidir quienes formen parte de este proyecto inversor. «Si la política del PP en la Diputación en estos momentos es primar a los ayuntamientos de su color político, sería un paso atrás histórico», apuntó ayer el regidor rojalero.