El gobierno del Botànic ha convertido en su proyecto de legislatura la reversión de la asimetría en la financiación autonómica: hay comunidades que reciben el 30 % más per cápita que la valenciana, la peor tratada en el reparto. Pero hay más desigualdades. También existe una asimetría lingüística en España en favor del castellano, considera. Resolver esta entuerto es uno de los aspectos más novedosos de la «Propuesta política de reforma de la Constitución» que ha preparado el ejecutivo de PSPV y Compromís y que sus máximos representantes presentarán en los próximos días.
El objetivo puede antojarse quijotesco, pero uno de los puntos del documento de cuya elaboración se ha ocupado el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, pide «la corrección de la asimetría entre el castellano y el resto de lenguas oficiales en España», según la información a la que ha tenido acceso este periódico.
La filosofía de este artículo es mirarse en el espejo de países que reconocen diversos idiomas oficiales en un plano legal de igualdad, de manera que, con independencia del uso en la calle, toda la documentación normativa y la relación con la Administración puede realizarse en cualquiera de las lenguas admitidas.
Así, la propuesta valenciana en vistas a una nueva Constitución incide en «garantizar los derechos de los usuarios de las diferentes lenguas ante los poderes públicos». En la actualidad, por ejemplo, la única lengua permitida en la tribuna del Congreso de los Diputados es el castellano, aunque todo depende en el práctica del grado de tolerancia del presidente de la cámara. Jesús Posada expulsó a tres diputados catalanes por empeñarse en hablar en catalán en un debate como protesta; Patxi López lo aceptó en el breve tiempo que ocupó la presidencia.
Este supuesto se entiende que es uno de los que quedaría protegido en el hipotético (y difícil) caso de que la reforma constitucional que la Generalitat plantea prosperara.
La propuesta del Consell entiende por lenguas oficiales aquellas reconocidas como tales en los diferentes estatutos de autonomía. Sin más trámite.
Además del idioma, el gobierno del Botànic considera que las comunidades han de estar facultadas también para «la asunción voluntaria» del derecho civil. Esta es una reivindicación histórica de la Comunidad Valenciana, que ha tropezado reiteradamente con el Tribunal Constitucional.
Este ha anulado sucesivamente las normas valencianas sobre custodia compartida, régimen económico matrimonial y uniones de hecho, que se amparaban en el viejo derecho foral. El argumento del alto tribunal es claro: el artículo 149 establece la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación civil. De ahí que Alcaraz, profesor de Derecho Constitucional, haya incluido este punto en «su» revisión de la Carta Magna.
Ximo Puig ya se ha manifestado a favor de una «profunda» reforma constitucional, que permita abrir una nueva etapa tras el «agotado» estado de las autonomías. La propuesta valenciana tiene otro de sus ejes así en un proyecto federal. Este pasaría por dotarse de auténticos instrumentos de coordinación territorial.
En clave política, el modelo federal es un espacio de encuentro entre PSPV y Compromís, los socios de gobierno, a cuyos puntos de intersección ideológica ha tenido que acomodarse la propuesta de modificación constitucional.
La financiación «armónica» de todas las comunidades, que evite las asimetrías actuales, es otro de los contenidos destacados de la nueva Constitución que Puig llevará al Congreso de los Diputados.
