España no se divide sólo en norte y sur. La reforma de la financiación autonómica, un sistema del que dependen el 75 % de los recursos con los que se financian los servicios públicos, con atención preferente a la sanidad y la educación, define un nuevo marco en el que los distintos gobiernos autonómicos forjan alianzas que van más allá incluso de las siglas de partido. Las conclusiones del grupo de trabajo sobre la reforma de la financiación ofrecen una clara diferenciación entre dos grandes bloques: los gobiernos autonómicos que abogan por formas competitivas con un reparto de recursos estrechamente ligado a sus capacidades fiscales y los que se decantan por una concepción del Estado cooperativa, vinculada a la solidaridad que consagra la Constitución de 1978.
El debate político sobre la reforma del sistema de financiación no está lanzado todavía debido, fundamentalmente al paréntesis obligado por la crisis y las elecciones en Cataluña. Pese a ese parón, los diferentes gobiernos autonómicos han aprovechado estos meses para definir sus posiciones ante el tablero de la futura negociación. La cumbre del Noroeste, que tuvo lugar en Oviedo el pasado noviembre, sirvió para escenificar la primera gran alianza entre tres comunidades que sin tener realidades idénticas sí defienden un modelo de financiación similar, basado en la solidaridad interterritorial y donde no haya privilegios para ninguna autonomía por cuestiones identitarias o porque cuenten con más ingresos. Los gobiernos de Asturias (PSOE), Galicia y Castilla y León (ambos del PP) se posicionaron en contra de la ordinalidad y a favor del «statu quo», el mecanismo que garantiza que ninguna región pierda recursos respecto al modelo de reparto anterior.
A la posición cooperativa de estas tres comunidades se han sumado Cantabria y La Rioja, además de Extremadura y Aragón, también con gobiernos del PSOE y PP. Por su parte, Andalucía, Castilla-La Mancha y Canarias también se decantan por la solidaridad interterritorial aunque abogan por un modelo donde prime el número de habitantes, sobre cuestiones como el envejecimiento y la dispersión.
Nadie quiere hablar de frentes pero los discursos críticos con la ordinalidad y en defensa del «statu quo» están en las antípodas de los que manejan Madrid, Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana, las más firmes defensoras de que se respete la ordinalidad en el futuro modelo. Es decir, las regiones que más aportan deben ver mejorada su posición en el reparto per cápita de los recursos. La Comunidad es la octava autonomía en capacidad recaudatoria pero con el actual sistema queda en la penúltima posición de recursos per cápita.
