El juzgado de Instrucción número 21 de València ha abierto juicio oral el exconseller de Solidaridad Rafael Blasco y a otras 23 personas más acusadas de irregularidades en subvenciones a ONG y en la construcción de un hospital en Haití que no llegó a llevarse a cabo.
La decisión, en un auto con fecha 21 de febrero facilitado por el TSJCV, se produce después de que a finales de enero la sección segunda de la Audiencia confirmara el procesamiento de los acusados con la incorporación a la causa de tres personas más, entre ellas, Fernando Darder, presidente de la ONG Esperanza Sin Fronteras.
Se trata de dos piezas del conocido como caso Cooperación sobre las que el juzgado de Instrucción número 21 de València dio por concluida la instrucción hace aproximadamente seis meses por los delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.
El juicio oral se abre contra Blasco -actualmente condenado por un fraude de ayudas al Tercer Mundo en la primera de las piezas del caso-; su excúpula en la Conselleria (la exsecretaria general, Tina Sanjuán; el exdirector general, José María Felip y el exjefe de área de Solidaridad, Marc Llinares) y los empresarios Augusto César (igualmente condenado en el primer juicio) y Arturo Tauroni.
Asimismo, se incluyen trabajadores de las empresas de Tauroni, personas vinculadas a las mercantiles que emitieron facturas falsas y responsables de evaluar y puntuar los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones. En el caso del exconseller se le atribuyen los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial cometido por funcionario público y asociación ilícita o alternativamente organización criminal. En la resolución, el juzgado ratifica medidas ya adoptadas para asegurar las responsabilidad pecuniarias que puedan imponerse, y que en Blasco se fijan en 8,2 millones de euros.
Hasta ocho millones se establecen para Augusto César Tauroni y para Llinares -para el resto de ex altos cargos son menores- y de 3,6 millones al propio Darder. Asimismo, el juzgado mantiene las cautelares personales ya adoptadas de obligación de comparecer en los juzgados semanalmente y cuando sean llamados, junto con la prohibición de salir de España, medida esta última que pide asegurar con la retención del pasaporte de nueve de los procesados. En el auto de procesamiento del pasado mes de junio, la magistrada instructora, Nieves Molina, concluía que es «evidente» el concierto entre el exconseller Blasco, su exjefe de área y el empresario César Augusto Tauroni, quienes ejercían como «directores o jefes» del «grupo criminal» para poder «organizar el entramado necesario al objeto de obtener beneficios, repartiéndose de forma ilícita los fondos públicos».
Por esta pieza, la Fiscalía Anticorrupción solicita 16 años de cárcel para Blasco y solicita como responsabilidad civil la cantidad de 4.639.840 euros a favor de la Generalitat.
