El Congreso de los Diputados avaló ayer la necesidad de acelerar la reforma del sistema de financiación para paliar los desmanes que el actual reparto produce a la Comunidad Valenciana y por los que el Consell reclama 1.325 millones de euros anuales al Estado. La Cámara Baja aprobó una moción de Compromís sobre la necesidad de que el Gobierno reforme «de forma inmediata» el modelo de financiación autonómica con la abstención de PP y Cs. La propuesta, que fue defendida por el diputado de Compromís Enric Bataller, pone de manifiesto, según destacó, «la contradicción entre la postura de ambos partidos en Madrid y a su vez en las Cortes Valencianas», donde el pasado 26 de octubre se aprobó un manifiesto en los mismos términos por unanimidad que venía a denunciar la «discriminación» de la Comunidad.
La moción insta al Gobierno a la reforma inmediata de la financiación, a contemplar una inversión en consonancia con el número de habitantes así como a implantar mecanismos que compensen la deuda derivada de la infrafinanciación. La formación de la Comunidad logró sumar apoyos para emplazar a Mariano Rajoy a cumplir con su compromiso de tener listo cuanto antes un nuevo sistema de financiación autonómico. El presidente del Gobierno de España se comprometió a sacar la reforma adelante antes de acabar 2017 pero ese plazo lo incumplió.
La abstención de PP y de Cs pone sobre la mesa la contradicción entre la línea de ambos partido en Madrid y la que siguen en la Comunidad Valenciana, especialmente en el partido naranja, que además de firmar la declaración institucional en las Cortes con el resto de grupos participó también en la manifestación en Valencia contra el actual sistema y la necesidad de reformarlo. El diputado de Compromís incidió en que de la reforma de la financiación depende tanto la sostenibilidad de los servicios públicos fundamentales como el reparto equitativo que acabe con la discriminación que coloca al pueblo valenciano a la cola en materia de inversión y también de la financiación.
Enric Bataller afirmó que el voto favorable de la Cámara Baja debe traducirse en el desbloqueo de la reforma de la disposición adicional primera del Estatut valenciano, actualmente paralizada por el PP y Cs, que suman mayoría en la Mesa del Congreso. Ccriticó la falta de respuesta de los de Albert Rivera a la reunión que Compromís le pidió hace dos semanas para desatascar la tramitación. La coalición de izquierdas también afeó al Gobierno la «parálisis legislativa basada en la regla de estabilidad presupuestaria y la ampliación sistemática del plazo de enmiendas».
El PP también llevó una moción por la financiación que en la Comunidad Valenciana apoyó la presidenta del partido, Isabel Bonig. La Síndica de los populares defendió la propuesta que su grupo llevó al Congreso para renovar el modelo de financiación autonómica en España y después «ver los mecanismos para ver cómo se compensa la infrafinanciación», como en el caso de la deuda histórica. Por contra, lamentó que «Puig ha perdido una oportunidad porque ha roto el consenso político». El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, rechazó por su parte, durante su comparecencia en el pleno de las Cortes, responder a las «aberraciones e insultos a la inteligencia» del gallego Alberto Núñez Feijóo por su postura en la cuestión de la financiación y garantizó que «seguirá luchando» para poder compensar la deuda histórica.
