El pleno de las Cortes acordó ayer solicitar al Consell una inspección de los contratos en vigor con empresas vinculadas a la trama Gürtel, así como impulsar una Oficina Valenciana de Supervisión de la Contratación, con los votos a favor de todos los grupos menos Ciudadanos, que rechaza la creación de este nuevo órgano. La iniciativa de Podemos incorpora propuestas del PSPV y de Compromís para crear esa oficina al tiempo que reclama, igualmente, que el Consell informe a las Cortes sobre el número de contratos con empresarios vinculados a la trama que se han firmado durante esta legislatura y también de las garantías legales para realizar dichas contrataciones. El acuerdo parlamentario exige fiscalizar los contratos con estas mercantiles que aún trabajan con la Generalitat para, en el caso de detectarse irregularidades o que incumplan la legalidad contractual, cancelarlos y establecer las multas oportunas.

El PP respalda la iniciativa pese a que pedía -sin éxito- crear también un registro público con las empresas participantes en contratos públicos y adjudicatarias para saber si su titular, socios o administradores guardan parentesco con algún alto cargo del Ejecutivo autonómico, detallando el grado de relación y el alto cargo afectado. Además, planteaba sustituir las referencias a la trama Gürtel por «casos de corrupción». El portavoz de Podemos, Antonio Estañ, recordó la confesión de nueve empresarios que financiaron ilegalmente al PP y puntualizó que se sabe «todos los que están, pero no todos los que son», para criticar también que la multa que deberán asumir cada uno de ellos, de unos 400.000 euros, es «ridícula en comparación con sus fortunas, sus ingresos y con el daño causado».

«Siguen ganando concursos y contratas y esta situación traslada un mensaje terrible, que la corrupción acaba saliendo», remarcó Estañ que, pese a reconocer las dificultades legales de rescindir estos contratos, insistió en que «hay que empezar por marcar de cerca a los corruptores confesos» y mandar el mensaje de que la corrupción «no sale rentable». Isaura Navarro, diputada de Compromís, lamentó el «clientelismo como forma de gobierno» del PP, que «ha roto la democracia valenciana» y se preguntó «a cuánto asciende la factura de la corrupción, de sus vergüenzas». Los empresarios, agregó, han sido «cooperadores necesarios» en ese sistema y la factura «muy baja con todo lo que se han enriquecido empresas que comenzaron de la nada y se vieron disparadas en facturación bajo el gobierno del PP». «No es casualidad, todos lo sabemos», remarcó.

La socialista Ana Barceló hizo una reflexión sobre los valores éticos que deben presidir la vida pública y que «tan ausentes han estado durante los años de gobierno del PP» y advirtió de que «los efectos de la corrupción son letales, dañan la credibilidad y deslegitiman el sistema político». Toni Subiela, de Ciudadanos explicó que si bien su grupo estaba a favor de la propuesta, con la inclusión de una nueva oficina se posicionan en contra, al suponer «otro chiringuito» y preguntó a Podemos si «tiene dudas de que el Consell esté aplicando correctamente la ley» o si piensa que «está haciendo lo mismo que el PP» y por ello quiere esa inspección.