La intervención de Mariano Rajoy durante un acto en Elche ha terminado por encender un poco más, si cabe, el conflicto entre el PP con Ciudadanos como colaborador y los socios del Consell del Botànic. El discurso de Rajoy poniendo en cuestión el modelo de enseñanza en las autonomías que tienen una lengua oficial junto al castellano, como ocurre con la Comunidad, provocó la reacción de Compromís que, a través del conseller Vicent Marzà, salió en defensa de la nueva Ley de Plurilingüismo. Una normativa que iguala al 25% las horas lectivas en valenciano y castellano, otra porción similar sería para el inglés y la última a criterio del centro. Pero, sobre todo, provocó una reacción durísima de la dirección del PSPV que echó en cara a Rajoy su ataque al valenciano en Elche mientras, a la vez, callaba sobre la corrupción y se mostraba incapaz de ofrecer una respuesta sobre la financiación: «Vino a provocar», lanzó la cúpula socialista en una comparecencia.

Lo cierto es que, en estos momentos, la batalla lingüística está extendida por todos los frentes y en las diferentes administraciones. En la Educación con la Ley de Plurilingüismo aprobada en las Cortes -la negativa judicial del primer decreto tras el recurso de la Diputación de Alicante acabó en este trámite- pero, a su vez, también con la intención del Gobierno de Rajoy de aprovechar la suspensión del autogobierno de Cataluña para cambiar el modelo educativo de inmersión lingüística. Una restricción que se extendería a otras autonomías con idiomas propios como la Comunidad. En la Sanidad con una ley para pedir el requisito lingüístico a los que obtengan nuevas plazas que es prima hermana de la norma aprobada en Baleares y que está teniendo un sinfín de problemas legales.

Una pugna a la que ahora se sumado también la rotulación de señales en los municipios. Ciudadanos amenaza al gobierno local de Elche -conformado por los socialistas y Compromís- si se opone a cambiar todas las señales de la ciudad para incluir el castelano. Ayer mismo, además, se produjo un cruce de cartas entre el grupo de senadores de Compromís y el delegado del Gobierno en la Comunidad, Juan Carlos Moragues. Los parlamentarios denuncian una «persecución» del Gobierno contra las localidades que rotulan en valenciano mientras que Moragues emplazó a Compromís a respetar y cumplir «la legislación vigente» para descartar, en cualquier caso, que suponga una iniciativa vinculada a la exclusión lingüística.

Un escenario al que, además, se suma la pugna entre el PP y Cs por la misma bolsa de electores que se ha traducido en iniciativas en las Cortes y en el Congreso contra el uso del valenciano en la administración pública. «Es una competición para ver cual de los dos es más de derechas», censuraron desde la dirección del PSPV. Desde el PP compararon la situación de la Comunidad Valenciana con la de Cataluña. «El PSPV representa a la izquierda más radical. Están alineados con las ideas nacionalistas y algo más grave: viven de espaldas a la ciudadanía. Estamos preocupados ante la nueva Ley plurilingüe aprobada por el Consell de Puig y Oltra», señaló la diputada del PP Beatriz Gascó como respuesta en un comunicado. Una batalla campal que se produce mientras, sin embargo, el último barómetro del Consell revela que el conflicto lingüístico no es considerado un problema de relevancia.