A la provincia de Alicante le sigue preocupando la corrupción. Y mucho. Durante la presentación el pasado 7 de febrero del último barómetro de la Generalitat, el presidente Ximo Puig habló de un «cambio de percepción» que se había traducido en superar la «hipoteca del pasado» lastrada por la corrupción. No le faltaba razón. En 2015, justo antes de abandonar el PP la Generalitat y en plena avalancha de investigaciones judiciales, casi un 60% de los valencianos se mostraba preocupados por los casos de fraude en la gestión pública. Un dato que en este primera versión del CIS autonómico elaborado bajo mandato del Consell del Botànic se había reducido de forma global hasta poco más del 25% por debajo del paro o la Sanidad. Poner la lupa, sin embargo, en los datos por provincias revela que en Alicante, a pesar del descenso, a casi un 30% de los ciudadanos les sigue preocupando la corrupción, cuatro puntos por encima de la media autonómica y siete por delante de los porcentajes de València.
Los datos territorializados de la encuesta revelan que, al margen del desempleo, la corrupción es el segundo gran asunto para los alicantinos por encima de cuestiones más sociales como la Sanidad -más importante si se tienen en cuenta los datos en el conjunto de la Comunidad- o la Educación. Así que, de acuerdo con la tesis de Ximo Puig, el Consell aún tiene una importante labor pedagógica en la provincia en cuestión de transparencia y lucha contra el fraude. La preocupación en Alicante por la corrupción se acerca más a los datos de la media estatal que a los de la Comunidad, una vez comparados los datos del último sondeo del CIS con los de este barómetro de la Generalitat. La provincia, como también en otras cosas, mira el problema con un prisma similar al del resto de España.
Esos percepción podría ser, incluso, mucho peor en estos momentos teniendo en cuenta que el trabajo de campo de la encuesta elaborada a partir de 2.016 entrevistas -687 en la provincia de Alicante- con un margen de error del +/- 2,2% se realizó durante el pasado mes de diciembre. Antes, por ejemplo, de las revelaciones que se han conocido sobre la financiación ilegal del PP a través de la trama Gürtel en el juicio que se desarrolla en la Audiencia Nacional. Un procedimiento en el que dos empresarios alicantinos -Enrique Ortiz y Rafael Martínez Berna- han confesado que «doparon» con fondos ilegales a los populares para las autonómicas de 2007 y las elecciones generales de 2008. Y, sobre todo, después de que esta semana la Fiscalía Anticorrupción haya hecho pública la calificación de una de las piezas más importantes de la operación Brugal -el supuesto amaño del planeamiento urbanístico de Alicantre- con una petición de fuertes penas de cárcel y multas millonarias para los dos últimos alcaldes del PP en Alicante -Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo- además del citado Enrique Ortiz.
El barómetro, como se recordará, se presentó a principios de este mes durante un acto en el Palau con el presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, acompañado por la vicepresidenta y líder de Compromís, Mónica Oltra, además del director general de Análisis, y Políticas Públicas, Julián López Milla, que ha sido a su vez el coordinador del trabajo. Los datos por provincias, analizados por este periódico en este informe, están disponibles desde esta semana. Justo después de los problemas generados por el desempleo y de la corrupción, los dos asuntos que, a continuación, ocupan más a los alicantinos son la Sanidad -un 26,9%, casi calcado a la media autonómica- y la Educación con un 18,8%, dos puntos por debajo y la provincia en la que menos preocupación genera este asunto, de acuerdo siempre al muestreo.
Fuera de la agenda
Llama la atención que asuntos, en teoría, muy importantes en el discurso político y de agentes sociales de la provincia queden, sin embargo, en un plano muy de segundo orden cuando los ciudadanos de la provincia revelan sus problemas. La sequía, por ejemplo, sólo la citan el 6,3% de los alicantinos mientras que las cuestiones vinculadas al sector turístico las citan únicamente el 6,8% de los encuestados. Y menos aún la batalla lingüistica del valenciano, muy utilizada para agitar el debate político por el PP y Ciudadamos pero que, sin embargo, sólo consideran un problema el 3,1% de los sondeados. Son temas que quedan fuera de los asuntos de mayor calado como también, por ejemplo y llama negativamente la atención, la violencia doméstica, una lacra que no encuentra eco entre los consultados: sólo un 4,7% son sensibles y acaban mencionando este asunto en el listado.
La provincia es el territorio de la Comunidad que se muestra más convencido de que la situación económica mejorará durante el próximo año, casi lo que resta de legislatura. Cerca de un 35% así lo creen, unos tres puntos por encima de Castellón y València. Tampoco es negativa la visión que los alicantinos contemplan de la gestión del Consell del Botànic. Al contrario. Casi un 28% la califica de buena o muy buena, un porcentaje muy parecido al que se registra en València, frente a poco más de un 18% que la suspenden. Aquí sí que se repite la tendencia autonómica. Es la primera vez, desde el barómetro autonómico que se elaboró en 2013, que el Ejecutivo autonómico aprueba. Entonces, todavía bajo mando del PP, se visualizaba una fuerte contestación. Esos datos sobre la labor del gobierno que comparten los socialistas y Compromís con Podemos como socio parlamentario marcan, además, una continuidad cuando se pregunta sobre la evolución de la situación política. Alicante es la provincia de la Comunidad que presenta una mayor confianza en la mejoría: un 25,4% así lo creen, por encima de la media y de los porcentajes de Castellón y también de València.
