La decisión del PSPV-PSOE de Alicante de retirarse como acusación popular de la causa judicial abierta por corrupción de más peso en Alicante -la que investiga el presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad- la tomó la agrupación socialista municipal que lidera el secretario local y también alcalde de la ciudad, Gabriel Echávarri, sin el acuerdo de ninguna ejecutiva y sin informar a la organización provincial ni a la autonómica. El PSPV de Alicante no reunió en ningún momento a los órganos locales ni dio cuenta a la provincial, ni tampoco a la autonómica de su paso atrás en el procedimiento. Los principales cargos socialistas alicantinos, tanto los de la provincial como los que pertenecen a la dirección del PSPV, desconocían la retirada del procedimiento. Asimismo, los responsables orgánicos de los socialistas valencianos se enteraron por la prensa de que la agrupación local, de forma unilateral, decidió salirse del caso, una medida que ya se había barajado meses antes por la agrupación.

El partido se ha apartado del procedimiento contra los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi y el empresario Enrique Ortiz después de diez años personado. El desestimiento se ha producido en un momento procesal fundamental, ya que es el que revela a qué penas pueden llegar a enfrentarse cada uno de los acusados. EU, el primer partido político que se personó en la causa, reclama para los exregidores diez años de cárcel mientras que para Ortiz pide 13. La acusación representada por el Ayuntamiento de Alicante solicita a los dos exalcaldes cuatro años y para Ortiz cinco, mientras que el fiscal Anticorrupción pide penas de diez años de cárcel para los exmandatarios y ocho años para el promotor.

Sin embargo, el PSOE, que en este momento tendría que haber presentado su escrito de acusación junto al resto de partes, esperó al último día de plazo para apartase del procedimiento judicial alegando que ya no era necesario ni práctico continuar con la acusación al haber presentado ya tanto el Consistorio como el fiscal sus acusaciones como «principales garantes del interés público». Ayer, los cargos socialistas de la agrupación alicantina consultados por este diario destacaron que con la situación económica del partido, que se ha personado en todos los casos por presunta corrupción, cuesta mantener las causas judiciales, y que en este sumario se ha mantenido hasta el momento en el que se ha garantizado, mediante otras acusaciones, que los intereses de los ciudadanos están defendidos.

El argumento económico es, oficialmente, uno de los que más peso ha tenido para los socialistas, según señaló ayer el número dos de la agrupación local de Alicante, Lalo Díez, que recordó que los socialistas se han presentado en todos los casos de peso vinculados a la corrupción que ha habido en la provincia como en el caso Mercalicante. Indicó que la decisión de la agrupación -liderada por Echávarri y controlada por el exsenador Ángel Franco- de retirarse de Brugal obedece a un factor económico, «porque ir a los juicios cuesta dinero», y a que se valoró el momento en el que existían «garantías al cien por cien para salvaguardar los derechos de los ciudadanos».

Preguntado por si la decisión se consultó con Ángel Franco -el exsenador tiene una buena relación con el empresario Enrique Ortiz- el vicesecretario del PSOE de Alicante dijo que se había hablado con el partido a nivel local y con «gente del PSPV» y que este tipo de decisiones no tienen por qué someterse a consulta. Sin embargo, la ausencia de un hilo directo con la dirección del partido causó ayer desconcierto en el seno de la formación. La decisión cogió por sorpresa a los principales cargos orgánicos de la provincial y del PSPV, que afirmaron que desconocían el abandono de la acusación y que se enteraron de ello por este diario. Altos dirigentes calificaron de«inoportuna» la resolución y ratificaron que fue tomada directamente desde Alicante sin contar con nadie.

La dirección socialista, a la que remitieron desde Presidencia de la Generalitat, consideró positivo para el partido en su lucha por la transparencia y la imagen de la política personarse en los casos por presuntas corruptelas. Desde el PSPV explicaron ayer que a raíz del aumento de casos ligados a la corrupción en los tribunales el partido dotó de autonomía a las agrupaciones locales para presentar sus denuncias, aunque añadieron que lo lógico era haber consultado cualquier movimiento con el partido.Para evitar que un asunto como este que no formaba parte de la agenda política agite aún más la relación entre el partido en Alicante y Blanquerías, fuentes oficiales del PSPV, ya a media tarde, pusieron paños calientes, mostraron su «comprensión» a la decisión de la agrupación local y destacaron la ruina que los casos por corrupción causan en las cuentas del partido.

En total, según el PSPV, el partido se ha gastado desde su personación en el caso IVEX 670.000 euros, una cantidad que se ha ido a procedimientos ligados a la corrupción y que pasan por Terra Mítica, Emarsa, Gürtel, Noos, la visita del Papa a Valencia o Brugal. La maniobra de los socialistas no causó únicamente sorpresa en el seno socialista, sino también en otras formaciones. El portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, calificó de «vergüenza» que el PSOE se haya retirado como acusación y dijo que su formación «siempre sospechó que el PSOE lo hizo simplemente para conocer de primera mano la evolución del procedimiento judicial, por si pudiera salpicarle». «No sabemos si es una muestra de solidaridad entre alcaldes investigados y procesados, ni hacia Enrique Ortiz, que no podemos olvidar que es contratista municipal», añadió.

La portavoz municipal de Cs, Yaneth Giraldo, señaló que ha sido «un bandazo en toda regla a la hora de defender los derechos de la ciudad» ante una época que «evidencia que el PP era corralito en torno al PGOU». Desde Compromís, su portavoz en el Ayuntamiento, Natxo Bellido, manifestó desconocer «qué señal quiere transmitir el PSOE» y se preguntó si la situación del alcalde, doblemente imputado por su gestión, le lleva a retirarse «para no hacer paralelismos con otros». La dirección provincial del PP optó por guardar silencio.