La carrera electoral en la que están inmersos desde hace semanas el Partido Popular y Cs ha reactivado el debate sobre la implantación del requisito lingüístico para optar a una plaza pública en la Generalitat, un compromiso del Botànic que en su momento generó tensiones, incluso entre los propios socios de Gobierno, y que llevaba meses fuera de la agenda política. El proyecto legislativo pasó por primera vez por pleno del Consell hace un par de semanas, pero al texto le queda todavía una larga tramitación. Tal es así que, tal como informó en su día este diario, la implantación efectiva del requisito lingüístico difícilmente se dará en lo queda de legislatura.
PP y Cs compiten tanto dentro como fuera de la Comunidad por la bandera de la defensa de los derechos de los castellano hablantes en comunidades con lengua propia. En relación a la guerra contra el requisito lingüístico ha sido Cs el primero en abrir fuego a nivel estatal con el anuncio de una proposición de ley para evitar que el conocimiento de la lengua propia sea obligatorio para trabajar en la administración. La iniciativa llegará estos días al Congreso de los diputados y, como otros proyectos normativos, podría no prosperar por falta de mayoría suficiente. Socialistas, Podemos y, por supuesto, Compromís están en contra. También el PP en el fondo, pero, de momento, se ha puesto de perfil. Su posición es más complicada a nivel nacional por su alianza con el PNV, al que necesita para apoyar los presupuestos. Apoyar una iniciativa que supone recortar los derechos lingüísticos en comunidades con dos lenguas oficiales no sería bien visto por un partido nacionalista.
En concreto, el partido de Albert Rivera plantea modificar el Estatuto Básico del Empleado Público para incluir una cláusula que impida el requisito lingüístico en las comunidades con lengua propia y que esta, como ocurre ahora en la Comunitat, sea sólo un mérito. La iniciativa se ha redactado con el ojo puesto en Cataluña y en Baleares, donde desde hace años es obligatorio acreditar la competencia lingüística. El revuelo generado y la férrea oposición de Cs y el PP han acabado frenando la norma. En Cataluña, la ofensiva del centro derecha por los asuntos lingüísticos es aún mayor. El Gobierno de Mariano Rajoy estudia incluso aplicar el 155 para acabar con la inmersión lingüística, de manera que se garantice el derecho de quienes quieren enseñanza en castellano para sus hijos.
En la Comunidad Valenciana Cs y el PP compiten por un mismo espacio. Los populares de Isabel Bonig tienen claro que para no perder su hegemonía deben evitar que Cs les ocupe el espacio. El valenciano ha sido siempre un terreno donde se han movido sin complejos y el discurso es claro: mérito sí, pero no requisito. En esta etapa, además, han centrado sus críticas en el supuesto proceso de catalanización que el Consell lleva a término en cuestiones lingüísticas. Ciudadanos también se ha sumado a esta batalla y los populares quieren cortarles el paso.
Esta semana el grupo popular en las Cortes ha anunciado una iniciativa sobre la prohibición de requisitos lingüísticos excluyentes a los empleados públicos valencianos. Una iniciativa que parece pensada para contrarrestar en el parlamento valenciano la propuesta de Cs.
La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, defendió el requisito del valenciano porque los valencianos «tienen derecho a elegir cualquiera de las dos lenguas oficiales» para ser atendidos. ¿Alguien se imagina en Madrid que vaya un ciudadano a una administración pública y se le atienda en arameo?», se preguntó para recalcar que esa persona «tendrá derecho a que se le atienda en castellano, que es la lengua oficial de ese territorio».
