La Diputación de Alicante ha comenzado ahora a responder a una docena de preguntas de hace casi un año que Compromís había registrado por escrito reclamando una serie de información al equipo de gobierno de la institución presidida por César Sánchez. Tras once meses de silencio, el PP empezó en enero de 2018 a dar respuesta a las distintas cuestiones planteadas por la coalición de izquierdas desde marzo de 2017 y que, de momento, no habían sido ni siquiera atendidas. Las contestaciones se han activado justo después de que el Síndic de Greuges iniciara el trámite de una queja de Compromís por falta de transparencia y que, a su vez, haya requerido un informe sobre los hechos a la Diputación Provincial.

La admisión a trámite de la queja ha obligado a reaccionar a la institución, que ya ha remitido la mitad de las respuestas a la coalición, aunque desde Compromís su portavoz, Gerard Fullana, asegura que algunas de ellas no contestan exactamente a a lo que se pide.

Las preguntas y solicitud de información de contratos que la coalición reclamó hacen referencia al proyecto de la zona franca portuaria promovida por la Diputación, una iniciativa de César Sánchez que ni siquiera existe y por la que se pagaron 36.000 euros para elaborar dos informes; la contratación del «Mercado de Nadal» de los años 2015 y 2016; la fiscalización de la externalización de la publicidad institucional; el programa educativo infantil en el Hogar Provincial; o el plan estratégico de captación de fondos europeos, entre otros asuntos.

Concretamente, la Diputación recuerda en su contestación a Compromís sobre el «Mercado de Nadal», emitida el 22 de enero de 2018 respecto a una pregunta que se formuló hace ahora casi un año, que después «de un intercambio de llamadas, Presidencia procedió a concertar cita para la exhibición de los expedientes citados al personal designado por el diputado solicitante». En este punto insistió ayer a preguntas de este diario el diputado de Contratación, Alejandro Morant, que explicó que la ley no permite entregar una copia del documento íntegro del expediente de contratación. Sólo se puede entregar si afecta a una parte del mismo.

El expediente de contratación de los mercados de Navidad en la Diputación se pidió por la coalición de izquierdas para ver en qué condiciones se habían cedido los jardines de la Diputación para la organización del evento navideño. En este caso, desde Presidencia se permitió el acceso al expediente a uno de los diputados de Compromís y a un asesor, pero no se facilitó copia del mismo, una cuestión que la formación achaca a un gesto de opacidad. El diputado de Hacienda y Contratación explicó a este diario que nada más recibir la notificación del Síndic de Greuges informando de la tramitación de una queja por falta de documentación a los diputados de Compromís ordenó a todos los departamentos afectados que se entregara la información solicitada «a la mayor brevedad posible». «Hay cosas que se han entregado y otras a las que en su día ya se dio acceso al expediente, como con los mercados de Navidad». Alejandro Morant indicó que cuando se haya contestado y entregado la documentación solicitada, la Diputación realizará un informe de las actuaciones para entregarlo al Síndic de Greuges, tal y como le ha reclamado.

Para el diputado de Transparencia, Adrián Ballester, el toque de atención a la institución provincial no afecta al área de Transparencia de la Diputación, que tildó de «ejemplar» y «modélico», además de añadir que su área «atiende todas las peticiones de información que nos llegan». La documentación solicitada por Compromís y trasladada al Síndic de Greuges al no haber tenido acceso a la misma afecta a una docena de asuntos. La coalición pidió información sobre el proyecto de zona franca en el Puerto de Alicante que impulsa la institución y que defiende con ahínco el vicepresidente y portavoz del PP en la Diputación, Carlos Castillo, pero del que, a día de hoy, no se ha colocado ni una sola piedra. Concretamente, la coalición solicitó saber qué procedimiento se ha seguido para la adjudicación del estudio a la consultora Price Waterhouse Coopers sobre el citado proyecto y el coste total del mismo.

Los tres diputados de Compromís también solicitan información sobre las obras pendientes de adjudicación en los municipios de la provincia. En su solicitud, realizada el 13 de junio del año pasado y todavía sin contestar, la coalición afirma que tras haber recibido quejas «de muchos ayuntamientos por la falta de proyectos aprobados pendientes de ejecución» se consultó verbalmente a cargos políticos que reconocieron que hay pendientes de adjudicación unas 300 obras.