15 de febrero de 2018
15.02.2018

Cambiar todo para que nada cambie en la Diputación

Los pueblos a los que César Sánchez otorgó 3 millones «a dedo» renuncian a las ayudas para obtenerlas otra vez con la nueva normativa

16.02.2018 | 02:03
Carlos Castillo, a la derecha, hablando con Alejandro Morant en el pleno del 7 de febrero.

Los tres pueblos dirigidos por altos cargos del equipo de gobierno de la Diputación de Alicante que recibieron en total tres millones de euros en subvenciones «a dedo» de la institución provincial renunciarán a estas ayudas para someterse a la nueva normativa surgida del acuerdo plenario del pasado 7 de febrero entre el PP y el PSOE -al que se sumaron la portavoz de EU, Raquel Pérez, y el tránsfuga Fernando Sepulcre- y por el cual se anularon las concesiones a Busot, Mutxamel y La Nucía para aplicar nuevos criterios de concesión. Sin embargo, pese a que estos pueblos han decidido desistir de lograr esas subvenciones tras la polémica creada en la Diputación con la suspensión cautelar de la inyección de 800.000 euros a Busot para un polideportivo, la localidad donde es alcalde el vicepresidente tercero Alejandro Morant seguirá percibiendo la misma cantidad para el mismo fin y en las mismas condiciones.

Sí que cambiarán las condiciones en las que se otorgarán las ayudas nominativas -conocidas como ayudas «a dedo»- a La Nucía para un cableado del centro deportivo y a Mutxamel para un mercado, localidades dirigidas por el vicepresidente séptimo, Bernabé Cano, y el diputado Sebastián Cañadas, respectivamente. Con los nuevos criterios de reparto, ambas localidades se verán obligadas a afrontar un porcentaje, aunque reducido, del pago de la ayuda íntegra concedida de forma directa, ya que antes de la modificación de la normativa los dos municipios recibían el cien por cien de la subvención sin aportar nada, una de las quejas en las que Compromís fundamentó sus críticas al sistema de reparto.

El pleno del pasado 7 de febrero aprobó, con todos los votos menos los tres de Compromís, una nueva normativa para modificar la ordenanza de subvenciones que PP y PSOE pactaron para poner fin a la polémica creada en torno a las ayudas «a dedo», un debate que abrió Compromís y que ha terminado alterando, aparentemente, el sistema de concesión de las subvenciones directas. Aparentemente porque, en el fondo, la nueva normativa no supone grandes cambios, salvo que se permitirá la concesión de la ayuda al cien por cien a pueblos más pequeños. El meollo de la cuestión es la regulación de la urgencia y de qué se considerará urgente para proceder a la adjudicación directa, un requisito que destaca la nueva normativa del PSOE avalada por el PP y que ya constaba en la normativa anterior, ya que las ayudas nominativas a los municipios solo tienen sentido por su carácter de urgencia y necesidad.

El portavoz del grupo popular en la Diputación, Carlos Castillo, confirmó ayer que las ayudas se van a conceder de forma íntegra a Busot, y obligando al pago de un porcentaje a La Nucía y Mutxamel, entendiendo que se cumplen los requisitos de la nueva normativa, tanto los que afectan a la urgencia de la obra, la población o los porcentajes a pagar por los consistorios.

Una juez de Alicante ordenó paralizar de forma cautelar la ayuda a Busot para el centro deportivo tras llevar Compromís esta subvención a los tribunales, una decisión recurrida por la Diputación en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana y sobre la que el tribunal autonómico todavía no se ha pronunciado. En Alicante, el tribunal de lo Contencioso-Administrativo todavía no se ha pronunciado sobre la ayuda a La Nucía, de 1,1 millones de euros y también denunciada igualmente por la coalición de izquierdas.

Compromís presentó el martes en el TSJ la contestación al recurso de la Diputación contra la suspensión cautelar de la ayuda a Busot. En su escrito, la coalición se ratifica en su denuncia contra la nominativa de urgencia para un polideportivo, un gesto que la coalición que lidera en la Diputación Gerard Fullanada califica de puramente electoral y «clientelista». Pero la renuncia de los municipios a percibir estas subvenciones para someterse a los nuevos criterios de la Diputación -que en la práctica no suponen grandes cambios y absolutamente ninguno para el pueblo dirigido por Morant- dejará morir el procedimiento abierto en los juzgados al extinguirse el acto administrativo que lo creó. Con ello, César Sánchez se quita de encima una de las espinas que más quería sacarse por el rédito político que estaba teniendo Compromís denunciado el sistema de reparto.

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