13 de febrero de 2018
13.02.2018

La investigación de Fitur afecta a la Diputación de Alicante y a cinco municipios que gobernaba el PP

Un juzgado asume la denuncia de Compromís por un presunto delito contra la Administración Pública al detectar un supuesto fraude en la institución provincial y en localidades con alcaldes del PP en 2007 y 2008

14.02.2018 | 01:15
José Joaquín Ripoll, Sebastián Fernández y el exalcalde benidormí Manuel Fenoll, en Fitur 2008 .

El «caso Fitur» de la Diputación que Compromís llevó a la Fiscalía hace un año ha terminado con una investigación abierta en el juzgado de Instrucción número 7 de Alicante por presuntas irregularidades en los contratos adjudicados para la organización del estand del Patronato Costa Blanca en la feria internacional de Turismo Fitur en los años 2007 y 2008. Los hechos denunciados abarcan a la institución provincial y a cinco municipios alicantinos gobernados por el PP durante esos años entre los que se encuentra Teulada, localidad que entonces dirigía el actual presidente provincial del PP, José Císcar. El resto de municipios a los que afecta el caso son Benidorm, Benissa -cuando era alcalde el actual jefe de Gabinete del presidente de la Diputación César Sánchez, el popular Juan Bautista Roselló-, El Verger y Altea.

El pago de facturas que Compromís trasldadó al fiscal se remonta a a la etapa en la que era presidente de la Diputación José Joaquín Ripoll, procesado por presuntas irregularidades en el plan de basuras de la Vega Baja, una pieza de la operación Brugal. Según Compromís, se adjudicaron de forma irregular recurriendo al fraccionamiento de contratos casi cinco millones de euros, de los que 3,2 millones salieron directamente del Patronato Provincial de Turismo. El juez abrió en octubre diligencias de investigación por presuntos delitos contra la Administración Pública referentes a los años 2007 y 2008, pese a que Compromís denunció que los hechos se venían produciendo desde 2004. Es por ello que la coalición de izquierdas pedirá que se investigue un delito continuado.

El juez ha citado como investigados a los administradores de las empresas Exporiggin S.L y Equipamiento integral para stands Molinos S.L., así como al director del Patronato de Turismo Costa Blanca entre 2007 y 2008, «previa averiguación de la identidad concreta de este último». Esos dos años Ripoll era presidente de la Diputación y el diputado de Turismo Sebastián Fernández, quien era también concejal en Benidorm por aquel entonces. En esas fechas la exalcaldesa de Dénia, Ana Kringe, ocupaba el cargo de gerente de la entidad de la Diputación. Sin embargo, el puesto de director no parece estar totalmente identificado ni por el fiscal, ni el juez ni por la propia Diputación. El vicepresidente y diputado de Turismo, Eduardo Dolón, indicó ayer a preguntas de este diario que su equipo dilucidará quién era el director o directora ya que varias personas ocuparon ese puesto en esos años.

Por otro lado, el juez ha remitido a los juzgados de Benidorm y Dénia una serie de folios incluidos en la investigación de la fiscalía relativos a expedientes y facturas tramitadas por los ayuntamientos de Benidorm, Altea, Benissa, El Verger y Teulada, acompañados del testimonio de la denuncia del Ministerio Público para que se estudie si se abren piezas idependientes en esas sedes judiciales. Las facturas por Fitur que se realizaron en esos pueblos no se refieren a cuantías demasiados altas, salvo en el caso de Benidorm, que alcanza el millón de euros, según ha sabido este diario. En un contexto en el que el PP se está viendo salpicado por el juicio por la presunta financiación ilegal del partido en la Comunidad, un golpe de estas características, cuya onda expansiva rozaría, incluso, a José Císcar, provocó ayer que desde el PP de Alicante volvieran a remitirse a un «tiempo pasado».

El portavoz de Compromís en la Diputación, Gerard Fullana, aseguró ayer que el procedimiento investiga presuntas irregularidades en 70 facturas con un «modus operandi muy similar a la Gürtel y Fitur Valencia» y que en su denuncia trasladaron al fiscal que no se trataba de una cuestión de la Diputación de Alicante sino «de una red de pueblos que contrataba con el conglomerado de empresas conectadas entre sí afines al PP». Dijo que las facturas denunciadas derivaban de concursos en los que siempre se beneficiaba a ese «conglomerado» y acusó al actual diputado de Turismo y exalcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón de ser «el cargo del PP municipal que más contrataba con ellas», pese a que la denuncia que afectaba a este municipio de la Vega Baja no ha prosperado.

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