El vicepresidente y diputado de Promoción Turística de la Diputación de Alicante, Eduardo Dolón, ha expresado este lunes su "máximo respeto" a la investigación judicial sobre presuntas irregularidades en 2007 en facturas del Patronato de Turismo Costa Blanca relativas a la contratación de servicios para Fitur y ha ofrecido su colaboración "para que este asunto se aclare lo antes posible".

Así lo ha indicado en un comunicado tras conocerse la apertura de una investigación judicial por estos hechos, que ha recalcado que "tuvieron lugar en otra legislatura, ya que se hace referencia a adjudicaciones realizadas hace más de diez años".

"Desde el equipo de gobierno de la Diputación de Alicante mostramos, como lo hemos hecho siempre, nuestro máximo respeto hacia esta decisión judicial y ofrecemos nuestra colaboración para que este asunto se aclare lo antes posible", ha indicado Dolón.

En esta línea, ha apuntado que la denuncia de estos hechos "surge de la Comisión de Investigación impulsada por la Diputación de Alicante en la que este equipo de gobierno ha actuado con total transparencia, facilitando en todo momento a la oposición todos y cada uno de los documentos que se no han solicitado".

El actual vicepresidente del Patronato Costa Blanca ha resaltado que los hechos presuntamente irregulares que han sido denunciados "tuvieron lugar en otra legislatura, ya que se hace referencia a adjudicaciones realizadas hace más de diez años".

El juzgado de Instrucción 7 de Alicante ha abierto diligencias para investigar presuntas irregularidades desde noviembre de 2007 en facturas del Patronato de Turismo Costa Blanca dependiente de la Diputación de Alicante, bajo la presidencia en ese periodo de José Joaquín Ripoll (PP), relativas a la contratación de servicios para Fitur.

La investigación surge a raíz de un escrito de Anticorrupción ante el juzgado, que partía a su vez de la denuncia que llevó en su día a Fiscalía el grupo Compromís en la Diputación, en la que se aludía a un presunto fraccionamiento de los contratos para la adjudicación de los stands del Patronato de Turismo de la Costa Blanca para Fitur, entre 2004 y 2009, en los que consideraba que se había ejecutado un "fraude masivo" al trocear un montante de 3,2 millones de euros en 70 facturas, muchas de las cuales no superan los 12.000 euros.