La sombra de la polémica que persiguió durante casi toda su existencia a la finiquitada Canal 9 ya empaña el arranque, aún sin culminar, de la nueva À Punt, la cadena pública que ya ha iniciado sus emisiones radiofónicas pero que está pendiente de la reapertura de la televisión. Una de las grandes promesas del Consell del Botànic ya se ha convertido en un quebradero de cabeza al que tanto el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, como la propia vicepresidenta Mónica Oltra apenas se refieren en público. Al retraso en la puesta en funcionamiento de la cadena se suma ahora la bronca con la selección del personal. El 90% de los trabajadores -una plantilla provisional que, en todo caso, luego tendrá que refrendar su plaza con la convocatoria de las oposiciones- procede de la extinta Ràdio Televisió Valenciana. De 653 empleados con los que arrancará el ente, unos 580 proceden del ente que el PP cerró hace cuatro años. Una «vieja» plantilla para un proyecto que pretendía ser nuevo.

La fórmula utilizada para la selección de la nómina de trabajadores no ha agradado ni siquiera a los miembros del Consell del Botànic. Tanto los socialistas como Compromís, aunque respetando la potestad del Consejo Rector para decidir sin intervenciones políticas, deslizaron que el proceso se tenía que haber realizado de otra manera, un argumento en el que incidió Fran Ferri, portavoz de la coalición de izquierdas. Para Podemos, la fuerza parlamentaria que llevó en gran medida el peso en la elaboración de la ley, la configuración de la plantila «no es óptima» ya que no se está consiguiendo el objetivo de combinar «experiencia y juventud». «Hemos cerrado la puerta a una generación de periodistas otros profesionales que, por razones ideológicas o generacionales, nunca han podido estar en el servicio público de radiodifusión», definió de forma gráfica el socialista Manolo Mata esta misma semana durante su comparecencia tras la Junta de Síndics en las Cortes.

La bronca con la configuración de la plantilla puede acabar dando al traste con la pretensión de la dirección de À Punt de reiniciar las emisiones de la televisión -la radio ya arrancó en diciembre- durante el primer trimestre de este año. La vuelta de una cadena de televisión pública autonómica está pendiente de los recursos presentados por las asociaciones profesionales de periodistas que podrían traducirse, incluso, en la paralización del proyecto por unas condiciones de acceso a los puestos que favorecen claramente a los extrabajadores de Canal 9. Isabel Bonig, síndica del PP en las Cortes, denunció ayer que hay «un incumplimiento claro y flagrante» de lo acordado en la comisión bilateral entre Gobierno y Generalitat, en la que el Ejecutivo Central decidió no recurrir la ley de creación de la nueva radiotelevisión valenciana, porque se pactó que había que garantizar el acceso a la función publica de acuerdo al mérito, capacidad, libre concurrencia y publicidad. «El problema no es si televisión pública sí o no, sino cómo se ha diseñado», señaló para advertir de que con À Punt se están «cometiendo los mismo errores que con Canal 9» a la vez que denunció «sin ningún género de duda» que es «un instrumento al servicio del Consell para la expansión de ideas nacionalistas» y, por tanto, para adoctrinar por la ideología de su directora, en alusión a Empar Marco.