El grupo del PP en la Diputación de Alicante se enfrenta en minoría a una moción de Compromís para exigir al expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, que abandone su cargo en el Consejo Jurídic Consultiu (CJC) tras las declaraciones que se están vertiendo en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana, un puesto por el que el exresponsable autonómico percibe actualmente un sueldo público de 75.000 euros brutos al año según recoge el portal web sueldos públicos.

La propuesta de Compromís, que ayer se presentó por registro en la Diputación Provincial para que pueda llevarse al pleno ordinario de la semana que viene, solicita a la institución que exija al expresidente autonómico que renuncie como miembro del CJC así como a todos sus privilegios como expresidente «por haber incurrido en actos y comportamientos que no se corresponden con la necesaria dignidad de la institución». La misma moción se llevó a las Cortes Valencianas la semana pasada donde prosperó con el voto de todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, que se abstuvo.

La línea de la abstención marcada por el partido no podrá mantenerse en la institución provincial si el PP, que gobierna en la Diputación, quiere evitar la repudia pública del que fuera su líder autonómico, quien además tuvo al presidente de la Diputación, César Sánchez, como asesor. La misma moción también se ha llevado a los ayuntamientos de Alicante y Elche, donde ha salido adelante con la abstención del PP. La gran diferencia es que en esas instituciones los populares no gobiernan, mientras que en la Diputación forman el equipo de gobierno. Sin embargo votar en contra de la moción supondrá arropar a un expresidente que ahora mismo está pululando por toda la trama de la financiación ilegal del PP, donde hay acusados como el que fuera el número dos del PPCV, Ricardo Costa, de los que ahora el partido intenta apartarse como de la peste apelando a un pasado en el que el actual PP de la Comunidad no tiene nada que ver. Pero Camps forma parte de ese pasado y siendo presidente fichó en su equipo de asesores al actual presidente de la Diputación. Eso sí, Camps ni está investigado ni acusado por la financiación irregular del PPCV, pero las declaraciones de los principales acusados en el juicio le sitúan como una de las personas que ordenó financiar en negro la campaña electoral de 2007 en la que se convirtió en el presidente de la Generalitat más votado de la historia del autogobierno valenciano.

Ahora, ya reprobado por las Cortes Valencianas con el aval de más de dos tercios del hemiciclo, centrará en la Diputación parte del capítulo de corruptelas que Compromís no está dispuesto a soltar. La coalición recordará las declaraciones del juicio en las que los principales acusados apuntan a él como el que ordenaba la relación con Orange Market, la filial valenciana de la trama, como reconoció Ricardo Costa.

En la Diputación de Alicante, si el PP se abstiene, aunque el diputado tránsfuga votara en contra de la iniciativa la reprobación saldría adelante con los votos del PSOE, Compromís y EU. Tomar el camino de en medio -el de la abstención- en la Diputación de Alicante es algo que parece complicarse para los diputados populares.