La Conselleria de Vivienda y Obras Públicas planteó una de las propuestas más atractivas en el seminario semestral que congrega al Consell del Botànic para definir sus propuestas de acción. María José Salvador sugirió una fórmula de cooperación entre el sector público y el privado para afrontar la necesidad de vivienda social, un derecho básico reconocido por la Constitución y una necesidad prioritaria para todo gobernante progresista. La propuesta consiste en «transmitir el derecho de superficie» de suelo público para que cooperativas sociales «sin ánimo de lucro», según una fuente de Vivienda y Obras Públicas, puedan construir viviendas protegidas y cederlas en régimen de uso a particulares.
Una vez transcurrido un periodo de explotación a través de alquileres «asequibles» el suelo y las edificaciones volverían a ser de titularidad pública.
La cesión de suelo público por parte de las administraciones a un precio simbólico o por debajo del mercado a cooperativas sin ánimo de lucro para que promuevan la construcción de vivienda protegida en régimen de alquiler constituye una alternativa asequible para acceder a la vivienda mientras «se mantiene la titularidad pública del suelo» y a la vez también «se favorece un marco estable y duradero para los socios y arrendatarios», según la misma fuente.
La fórmula se usa con éxito en la ciudad de Barcelona, entre otros lugares, y permite afrontar la necesidad de vivienda pública en principio sin coste para la administración.
Extender la temporada turística
Ximo Puig, presidente de la Generalitat y responsable último de la Agència Valenciana de Turisme, pretende impulsar, en conjunto con el Servicio Valenciano de Empleo, un plan de desestacionalización que extienda la temporada turística. En este sentido, las empresas que extiendan tres meses los contratos fijos discontinuos que en la actualidad son de seis meses durante los próximos tres años recibirán una ayuda de 10.000 euros, según la nota que distribuyó el Consell sobre el seminario que ha congregado a sus miembros en Vinarós y Benicarló, en la provincia de Castellón, este fin de semana.
Mónica Oltra, vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, se comprometió a desarrollar los reglamentos de las leyes de Renta Básica y del Derecho a la Identidad de Género, y sugirió equiparar las indemnizaciones a las víctimas de violencia de género con las que corresponden a las víctimas de terrorismo.
Inteligencia artificial
Vicent Soler, responsable de Hacienda, propone establecer un observatorio que analice las posibilidades de aplicar la inteligencia artificial a la gestión de la administración. La información acumulada por el observatorio tendrá carácter público y será accesible a cualquier investigador interesado.
El titular de Hacienda también renovó la apuesta por el banco público de la Generalitat como una combinación del Instituto Valenciano de Finanzas y la Sociedad de Garantía Recíproca.
Gabriela Bravo, consellera de Justicia, sugiere crear un Instituto de la Memoria Democrática en virtud de la ley del mismo nombre y una profunda revisión de tod0s los protocolos de actuación en materia de violencia de género vigentes en la actualidad.
