El futuro de Francisco Camps en el Consell Jurídic Consultiu (CJC) depende solo de él. Hoy en día, seguro. Si dentro de unos meses llega a aprobarse una reforma de la ley, habrá que ver, porque hay disparidad de opiniones entre grupos parlamentarios sobre si ese cambio puede eliminar los derechos y privilegios de los que goza el expresidente en virtud de una ley anterior.

Así que Camps depende de su voluntad. Y de los efectos que pueda tener la presión social y de su propio partido, el PP, que se ha sabido esta misma semana que le ha abierto expediente. No por las revelaciones de Gürtel, sino por la imputación en el caso de la Fórmula 1. En el fiel de la balanza de la presión social hay que colocar la reprobación sin votos en contra (solo con la abstención del PP de Isabel Bonig) aprobada el jueves por las Cortes.

En el Palau de la Generalitat no son optimistas sobre los efectos retroactivos de una reforma del estatuto de los expresidentes y, por ende, del Consell Jurídic. Todo es posible en una ley, pero daría pie a un recurso del afectado, consideran.

En la actualidad, los ex jefes del Consell tienen derecho a ser miembros natos del órgano consultivo con voz pero sin voto durante 15 años. La retribución por ello es de cerca de 58.000 euros anuales. Pueden contar además con una oficina a su servicio dotada con secretaria, conductor y coche oficial. Su salida del Jurídic solo está contemplada si existe sentencia firme que incluya inhabilitación de cargo público.

Camps no está investigado por la financiación irregular del PP que ahora está en juicio en la Audiencia Nacional, si bien las confesiones de su número dos en el partido, Ricardo Costa, y de Álvaro Pérez, que han apuntado al expresidente como el responsable de las prácticas corruptas con diversas empresas, han movido a la Fiscalía Anticorrupción a abrir la puerta a una posible actuación contra él por malversación, único delito que no habría prescrito. Camps sí está imputado, por otra parte, en la causa por la Fórmula 1. En todo caso, pasarán años hasta que alguna de estas causas finalice con sentencia firme.

Podemos, el partido que ya promovió en 2016 (sin éxito) un cambio del estatuto de los expresidentes y que ya tiene una nueva propuesta, es la formación que más cree en las opciones de apartar al ex jefe del Consell del Jurídic con un cambio de norma. No obstante, existen voces dentro del mismo grupo que señalan la dificultad de una medida de este tipo.

La diputada Fabiola Meco, la promotora de la iniciativa, entiende que si una nueva norma establece que los expresidentes no son miembros natos del Jurídic no se puede sostener la permanencia de Camps en la entidad. La retroactividad imposible sí sería intentar una devolución de las remuneraciones percibidas en el pasado, precisa. Lo que acabe sucediendo con el proyecto dependerá de los acuerdos en los próximos meses con el resto de grupos. No se antoja sencillo dada la experiencia del pasado.

Dentro de la citada presión social, el jefe del Consell, Ximo Puig, pidió ayer a Camps que «por decencia» deje el Jurídic. «Debería de dejar de hacer daño a esta tierra», dijo. La vicepresidenta, Mónica Oltra, afirmó que si Camps tiene vergüenza, debería hacer caso al pueblo, que se expresa en las Cortes», y dimitir. Puig y Oltra participan este fin de semana en el seminario de invierno del Consell en Benicarló y Vinaròs.