Seis años y medio después de su dimisión, el expresidente de la Generalitat Francisco Camps sigue tan presente en las Cortes Valencianes que ayer centró todo el protagonismo del primer pleno del año. La disyuntiva en la que se encuentran los populares es relevante. Se debaten entre apoyar una reprobación al expresidente, que se votará hoy mismo en la cámara a instancias de Compromís y con ello tratar de proyectar la imagen de que cortan el cordón umbilical con el pasado, igual que hicieron en septiembre de 2016 con una reprobación si cabe más complicada a Rita Barberá para que abandonara el Senado. O, por contra, rechazar la iniciativa de los grupos de izquierda, a la que se sumará también Ciudadanos, como defienden algunos diputados que coincidieron en los gobiernos de Francisco Camps. El camino de en medio sería la abstención.
Hay voces en el partido que creen que ha llegado el momento de desvincularse sin complejos y sin medias tintas de un pasado del que ya hay pocas dudas que fue corrupto y más desde que ayer el exsecretario general Ricardo Costa inculpó al propio Camps en la financiación ilegal.
A ello se une que firmar una reprobación contra Camps tampoco tiene mayor efecto ya que la decisión de dimitir del CJC es personal, la imagen pública del expresidente hace años que está por los suelos y en el partido lo dan por amortizado desde que abandonó la presidencia en 2011 por lo que darle ahora oxígeno ya no tendría sentido. En el PP, el antecedente de Barberá pesa, sobre todo porque su fallecimiento fracturó el partido. Sin embargo, todo apunta a que la decisión de Bonig de romper con el pasado prevalecerá, aunque no sin cierto pesar ya que pese al gesto, el tripartito seguirá cargando contra ellos. El PP hará lo que tiene que hacer, indicaron.
«Camps ya no tiene nada que ver con el PPCV», aseguró ayer en los pasillos de las Cortes la secretaria general, Eva Ortiz, que defiende que los populares ya han tomado medidas muy duras contra la corrupción. Preguntada por las declaraciones de Costa, Ortiz dijo que le producen «tristeza» porque comportamientos como el admitido por el exsecretario general ya «no caben en el nuevo PP». «Quien haya hecho algo mal tendrá que pagarlo», añadió la número dos.
Con todo, ayer el partido que lidera Isabel Bonig tomó ya una decisión trascendente para cortar con su pasado. La de apoyar con su firma que la iniciativa de Compromís llegue hoy al pleno. Una negativa hubiera impedido la votación. Decisión, por tanto, de calado y de consecuencias imprevisibles porque se exige la dimisión de Francisco Camps del CJC. Los populares, no obstante, se guardaron un as en la manga para el pleno de hoy con una enmienda de sustitución del texto de Compromís, que los letrados de las Cortes no consideran pertinente ya que el reglamento no las contempla en las proposiciones de urgencia.
Con todos los matices, lo sustancial es que los populares aceptan estampar su firma para que se tramite una propuesta que insta a Camps a renunciar como miembro del CJC y a todos los privilegios (58.000 euros brutos de sueldo, secretaria y chófer) por haber incurrido «en actos y comportamientos que no se corresponden con la necesaria dignidad de la institución». La propuesta de Compromís también pide que las Cortes den apoyo a todas las medidas para recuperar el dinero desviado en casos de corrupción y que el Parlamento asuma la necesidad de mejorar la ley del Estatuto de expresidentes para quienes pongan en riesgo la dignidad y honorabilidad de las instituciones».
Ley de expresidentes y CJC
En cambio, los populares quieren que ese texto se sustituya por uno que no hace referencia alguna a Camps y que llama a que las Cortes insten al Consell a aprobar los proyectos de ley necesarios para modificar la ley de creación del Consell Jurídic Consultiu y la ley de Estatuto de los Expresidentes para «despolitizar» este órgano.
Ortiz aseguró ayer que si ninguno de los grupos en la cámara lleva la reforma de estas normas, lo hará el PP. En opinión de Ortiz, lo que hace el PSPV es poner el tiro en Camps y evitar el debate de fondo ya que no tiene intención de introducir grandes cambios al afectar a Lerma y Puig en el futuro.
