Al final el presidente de la Diputación de Alicante y principal cargo público del PP en esta Comunidad, César Sánchez, está pasando por el filtro del Consell. A su manera, la institución alicantina está sumándose, poco a poco, a las políticas de la Generalitat aunque sea retocándolas para imprimir su propia impronta. Lo ha hecho aceptando el Fondo de Cooperación Municipal del Consell, lo hizo a regañadientes cuando se unió al plan Xarxa Llibres que tanto criticó y ahora el último movimiento de César Sánchez respecto al gobierno valenciano pasa por un acuerdo con la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, para integrarse al plan de infraestructuras sociales del gobierno valenciano al que ya se han sumado las diputaciones de València y Castellón.
Ambas administraciones acumulaban ya más de dos años y medio de batallas y la Diputación, que ha entrado en guerra con el Consell varias veces al sentirse amenazada como institución por el gobierno del Botánico, parece que empieza a querer salir de su aislamiento institucional en el último año y medio de legislatura, sobre todo cuando se trata de políticas sociales. El cambio de rumbo también se evidenciará con la reunión que Sánchez mantendrá mañana con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en València, en la que será su primera cita institucional desde que ambos tomaron posesión de sus cargos.
La vicepresidenta quiso mostrar «sintonía» con el presidente de la Diputación en materia social. «Hay que poner en valor este acuerdo entre la Generalitat y la Diputación de Alicante» y «sacar las políticas sociales de la confrontación partidista para que la colaboración esté por encima de la competición entre instituciones». «Los ciudadanos también esperan que nos sentemos a hablar», añadió Mónica Oltra, quien dijo del presidente Sánchez que pone «las cosas fáciles». Una afirmación con la que parece chocar la estrategia de confrontación con la Generalitat Valenciana que está marcando la cúpula del Partido Popular.
César Sánchez destacó, por su parte, que la Conselleria de Oltra y la Diputación «han trabajado juntas desde el minuto uno». Enfatizó el mensaje de que no hay colores partidistas ni «debate político» cuando se trata de infraestructuras «centradas en las personas» y añadió ante la vicepresidenta y líder de Compromís que «se ha iniciado un camino político de colaboración».
El presidente de la Diputación afirmó que la institución que preside muestra «plena predisposición e interés en participar en este plan de infraestructuras» aunque solicitó como condición la regulación y el compromiso de todas las administraciones implicadas: municipios, gobierno valenciano y Diputación. César Sánchez explicó que, aunque en una primera fase las obras podrían sufragarse con inversiones financieramente sostenibles, como se ha establecido en los acuerdos con las diputaciones de Valencia y Castellón, desde la institución alicantina «preferimos que no se ciña exclusivamente a este tipo de inversiones, que no siempre están garantizadas, y que puedan recogerse también en el presupuesto ordinario».
La comparecencia pública que Oltra y Sánchez ofrecieron en la sala de prensa de la Diputación se celebró con la presencia de los vicepresidentes de la institución Carlos Castillo y Alejandro Morant y el diputado de Bienestar Social Miguel Zaragoza, que también participaron en la mesa técnica. Castillo y Morant son dos de los miembros del equipo de César Sánchez que más férrea defensa hacen de las ayudas «a dedo» de la Diputación, puestas en tela de juicio por Compromís -la formación de Mónica Oltra- que las ha denunciado, incluso, en los tribunales. En pleno debate por las subvenciones «a dedo» tras ordenar una juez la suspensión cautelar de casi 800.000 euros al pueblo de Morant, ayer todo parecía ser una balsa de aceite sin polémicas en primer plano.
El Consell y la Diputación acordaron elaborar un marco normativo estable que dé seguridad jurídica. Así, la Diputación colaborará con la Generalitat en la creación de una mapa de infraestructuras sociales a través de un convenio marco que regule competencias y funciones de los ayuntamientos, Consell y Diputación. El órgano encargado de ir sacando conclusiones será la mesa técnica que ayer tuvo su primera reunión y que se reunirá cada dos meses. La Generalitat ha propuesto que la institución alicantina se encargue de la construcción y mantenimiento de los centros y que a su vez acuerde con los ayuntamientos la cesión del suelo o edificios para la ubicación de las mismas. Los ayuntamientos que lo deseen podrán adherirse al convenio entre ambas instituciones.
