El «padre» al que ahora todos repudian en el PP

Coincidiendo con la semana de Fitur -otro de los grandes focos de actuación de la red corrupta en la Comunidad-, la vista arrancó, como ya estaba previsto, con la confesión de los empresarios, entre ellos los alicantinos Enrique Ortiz y Rafael Martínez Berna. Financiaron esas campañas pagando directamente a Gürtel con facturas falsas. No era a fondo perdido. Lo hacían a sabiendas de que el PP, al mando absoluto de la Generalitat, les «compensaría» con jugosas adjudicaciones públicas. Luego Francisco Correa, el gran padrino, acorraló a Ricardo Costa, el hombre de confianza de Camps en el partidoRicardo Costa. Y Pablo Crespo, el segundo de Correa, habló de una factura de Alberto Fabra de su etapa como candidato del PP en Castellón, citó a David Serra -número tres del PP en esa época haciendo tándem con Costa- como otro de los interlocutores de Álvaro Pérez -jefe de la trama en la Comunidad- y le allanó el camino para «cantar». El Bigotes no defraudó. Trabajó, entre otros y según explicó, con el mencionado Costa; con Adela Pedrosa, exalcaldesa de Elda y ahora senadora por Alicante; con el vicepresidente Víctor Campos; y vinculó al todopoderoso Juan Cotino, referente del ala cristiana del PP. Pero el «señor X», el que decidía, tenía nombre y apellidos: Francisco Camps, aún hoy cobrando un sueldo público como miembro del Consell Jurídic y disfrutando de un coche oficial que pagan todos los valencianos.

Las revelaciones que se han escuchado en el juicio, en su inmensa mayoría, ya eran conocidas. Verifican, eso sí, el cuidado relato del sumario que contiene la investigación, desgranado durante años en los medios de comunicación, para confirmar la financiación ilegal del PP en la Comunidad. Pero, más allá de eso, tienen un valor añadido: son una certificación en sede judicial que documenta con esas confesiones la formula que utilizaba el PP para pagar de forma ilícita sus campañas electorales, algo que el equipo de Camps siempre negó. Ahora la estrategia de la actual dirección del PP, dirigida en València por Isabel Bonig y en Alicante por José Císcar, pasa por ganar tiempo. Esperar a la sentencia. Abandonar a su suerte a los imputados como los citados Costa y Serra; el exvicepresidente Vicente Rambla, conocido durante un tiempo en el PP como «l'hereu» de Camps; o la alicantina Yolanda García Santos, que ejercía de tesorera del PP. Ligar esas prácticas con un pasado del que nunca habrían participado. Y, finalmente, repudiar a Camps, que esquivaría la acción penal por prescripción de los posibles delitos pero que, desde luego, tendría una responsabilidad política por la que el PP debería, como poco, dar la cara y el propio expresidente renunciar a su sueldo público.

Ocurre, sin embargo, que esa estrategia de renegar del pasado, choca con la realidad. Muchos de los que hoy están en la cúpula llegaron en su día a los puestos que, al final, les han catapultado con decisiones que tienen un mismo «padre»: Francisco Camps. Fue el que sacó a Isabel Bonig tras las elecciones de 2011 de la alcaldía de la Vall d'Uixó para convertirla nada menos que en consellera de Infraestructuras, puesto en el que luego seguiría con Fabra. Fue el que colocó a Císcar al frente de la batalla contra Joaquín Ripoll cuando en 2009 lo nombró delegado de la Generalitat en Alicante y luego lo premió en 2011 con un asiento en la sala del gobierno como conseller de Educación. Y fue el que guió los primeros pasos de César Sánchez, hoy presidente de la Diputación de Alicante y en el arranque de su carrera política asesor con el propio Camps en el Palau de la Generalitat. Todos están hoy en sus puestos, en gran medida, gracias al expresidente, que comandó durante ocho años el Consell y la dirección del PP.

Puede por tanto, como decía hace unos días en este periódico el alicantino José Juan Zaplana, número tres regional del PP, que finalmente los populares tengan que acabar pidiendo perdón. Añadía a continuación, sin embargo: «No pasará nada». Se equivoca. Claro que pasa. Es tan grave lo que se está juzgando que cuestionaría la «limpieza» de las elecciones de 2007 con la financiación del PP vía una red corrupta. Unos comicios históricos en los 35 años de autogobierno de esta Comunidad. Llevaron al Palau a Francisco Camps como el presidente más votado de la historia. Pasaría. Y mucho. No sería una cuestión sólo de pedir perdón. O de que esa sentencia limitara la trama a una serie de personas, en su mayoría ya fuera de la política. Habría además una responsabilidad por el fraude que se habría perpetrado contra toda una sociedad. Y eso, por mucho que se trate de escurrir el bulto, golpearía de lleno al PP como organización.

Aunque la cúpula popular intenta poner tierra de por medio con Gürtel y remarca que todavía queda año y medio para las elecciones autonómicas de 2019, lo cierto, sin embargo, es que la avalancha judicial que se le avecina al PP -el final de este juicio, Brugal, otra de las piezas de Cooperación, la investigación de la Fórmula 1...- pone en riesgo la estabilidad del partido y su futuro en las urnas. En 2015, como admiten cargos populares, el PP ya pagó parte de esa factura de la corrupción perdiendo más de la mitad de sus apoyos. Está por ver ahora, con ese calendario de juzgados, que el PP recupere votos que ya perdió. Los dos grandes socios del Botànic no están tan deteriorados como para provocar la movilización de los que en 2015 se quedaron en casa. Y además, tras el éxito de las elecciones catalanas, los populares se enfrentan a un nuevo peligro: el avance de Ciudadanos a costa casi en exclusiva de menguar al PP. Por eso, Gürtel les afecta. Y mucho.