12 de enero de 2018
12.01.2018

Podemos reactiva la retirada de privilegios a los expresidentes

Volverá a presentar la propuesta tras fracasar en 2016 por falta de apoyo del PSPV - Planea que estén un tiempo breve en el CES y no 15 años en el Jurídic

13.01.2018 | 03:48

«Esta ley volverá», le espetó la diputada de Podemos Fabiola Meco al síndic socialista, Manolo Mata, hace meses cuando su propuesta para quitar privilegios a los expresidentes de la Generalitat acabó en vía muerta. Y el momento parece que ha llegado. La formación morada está trabajando ya un nuevo proyecto de reforma de la ley sobre el estatuto de los expresidentes con la idea de llevarla próximamente a las Cortes.

El giro que ha dado la pieza de Gürtel sobre la financiación irregular del PPCV y que ha vuelto a poner en el foco a Francisco Camps ha reavivado el debate sobre el papel y las prerrogativas de quienes han tenido mando en plaza en el Palau de la Generalitat. El PSPV ha pedido la marcha de Camps del Consell Jurídic Consultiu (CJC), donde ocupa un puesto de consejero nato desde 2011, al entender que la confesión de Francisco Correa lo incapacita como político y jurista.

Sin embargo, en estos momento, la renuncia de Camps, quien ni siquiera está imputado en este caso (sí en el de Valmor), solo sería posible de forma voluntaria.

El estatuto de expresidentes negociado en tiempos de Eduardo Zaplana con el PSPV le permite ocupar este sillón durante quince años, tener tratamiento vitalicio de Molt Honorable, así como derecho a una oficina y a personal de confianza. Sólo en caso de inhabilitación por condena firme, se vería obligado a salir del CJC, una previsión que recoge el reglamento del ente consultivo, aunque no el estatuto de expresidentes que firmó el exmandatario condenado José Luis Olivas.

Al inicio de la legislatura, y ya con la figura de Camps contaminada por asuntos judiciales turbios, Podemos presentó una propuesta para acabar con los privilegios. Se trataba de una reforma de máximos, ya que los podemistas pedían anular el derecho de los expresidentes a tener un sueldo público en el Jurídic, así como la infraestructura de apoyo.

Podemos, sin embargo, se encontró con el muro del PSPV, que se negó a dejar sin seguro de vida a los exmandatarios. La propuesta se fue descafeinando en su debate en comisión y finalmente se llegó a un acuerdo de mínimos que prevía la revocación de los privilegios en caso de sentencia.

Podemos, sin embargo, que ya no se sentía identificado con el texto rebajado, se abstuvo. El resto de grupos votó en contra y el texto decayó.

Ahora, al calor de la controversia por la confesión de Correa, la diputada Meco señala a Levante-EMV que es necesario reabrir el debate y discutir sobre privilegios que, considera, carecen de justificación.

Podemos, consciente de que necesita el apoyo del PSPV para sacar adelante su propuesta, se plantea una nueva reforma algo menos drástica que la primera.

Con todo, mantienen su tesis de que un puesto en el Consell Jurídic Consultiu es inadecuado y barajan otras opciones para dar acomodo durante un tiempo limitado a los expresidentes.

Una de las ideas es que formen parte por unos años (tres o cuatro) del Consejo Económico y Social de la Comunitat Valenciana (CES), un órgano donde podrían tener cabida, ya que como expresidentes fueron personas relevantes de la sociedad civil. En todo caso, se trataría de un tiempo limitado, el suficiente para quedar «descontaminados».

Podemos sigue sin ver claras algunas de las prerrogativas actuales, como la oficina para expresidentes. «¿Cómo sabemos realmente a qué intereses dedican su despacho?», se pregunta Meco, quien considera inaceptable que no exista control ni transparencia sobre los gastos y dietas que llevan aparejados los expresidentes.

Aunque vistos los antecedentes la formación morada tiene complicado sacar adelante la reforma, la iniciativa volverá a poner al PSPV en una situación incómoda. Los socialistas defienden que los expresidentes tengan una salida cuando dejan el cargo, pero los casos de Francisco Camps y José Luis Olivas, salpicados por asuntos turbios, ponen en evidencia los puntos débiles del texto de 2012.

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