12 de enero de 2018
12.01.2018

Más de la mitad de los acusados por pagos ilegales al PP ya los han admitido

Los diez empresarios de la Comunidad encausados en el proceso por la financiación del partido han llegado a acuerdos con la Fiscalía, que solo pedirá para ellos multas a cambio de haberse declarado culpables

12.01.2018 | 09:28
Álvaro Pérez (izq.), Ricardo Costa (centro) y Vicente Rambla (dch.) en una imagen de 2009.

Ningún político ha seguido esta estrategia.

Once de los veinte acusados de financiar ilegalmente al PP de la Comunidad ya han admitido ante la Fiscalía Anticorrupción los pagos a la formación política por los que todos se sentarán a partir del lunes ante el magistrado de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia para responder de delitos electorales y de falsedad documental. La solicitud de penas llega hasta 27 años de cárcel (es el caso de Álvaro Pérez, «El Bigotes», la petición más elevada) aunque en lo que respecta a los políticos se sitúa en cerca de los ocho.

Siguiendo la estela que hace casi dos años inició Francisco Ruiz Marco, el abogado de Enrique Ortiz, todos los empresarios de la Comunidad encausados en este proceso han llegado a acuerdos con el Ministerio Público por los que han admitido los hechos a cambio de que se cambiara la petición de cárcel por una multa. Unas sanciones que en el caso de Ortiz sumaban 64.000 euros y que todos ya han abonado junto con la responsabilidad civil, a la que también han hecho frente como parte de ese acuerdo que les libra de la posibilidad de entrar en prisión por unos hechos por los que inicialmente les pedían entre cuatro y seis años de cárcel.


El último en hacerlo

Además de estos diez empresarios, el cabecilla de la trama Gürtel y máximo responsable por tanto de Orange Market, Francisco Correa, ha sido el último en admitir los pagos «en b» al PP valenciano señando al jefe del Consell Francisco Camps como el introductor de la red en la Comunidad.

Correa, para el que la Fiscalía reclama 24 años de prisión, pretende que se le aplique la atenuante de reconocimiento de los hechos y que se le rebaje la petición de pena a 9 años. En paralelo también está intentado el desbloqueo de los fondos que tiene depositados en el Credit Suisse de Ginebra (que podrían ascender a los 30 millones) para abonar tanto las multas como su parte de responsabilidad civil. Una operación que está tramitándose con las autoridades suizas después de que el magistrado Honrubia acordara el pasado diciembre dejar sin efecto ese bloqueo.

En el caso de Correa, y a diferencia del resto de los empresarios que tienen ya los acuerdos cerrados, estos aspectos se resolverán durante la primera jornada de la vista oral, en apartado de las cuestiones previas.

Orange Market y políticos

Sin descartar la posibilidad de que produzcan nuevas confesiones antes de que comience el juicio, los nueve acusados restantes continúan defendiendo su inocencia. Por una parte se encuentra el bloque de los políticos encabezado por quien fuera del número dos del PP en la Comunidad Ricardo Costa, cuya estrategia, a juzgar por el informe pericial que acaba de presentar su abogado, dista mucho de que pase por asumir algún tipo de responsabilidad en los hechos que se juzgan. Compartirán con él el banquillo sus otrora compañeros de partido Vicente Rambla, David Serra, Yolanda García y Cristina Ibáñez, quienes también defienden su inocencia.

Tampoco los miembros de Orange Market, menos Correa y salvo alguna sorpresa de última hora, han admitido hecho alguno. Ahí se encuentran los cuatro acusados restantes: Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero y Ramón Blanco Balín.

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