Ricardo Costa, quien fuera el número dos del PP en la Comunidad y mano derecha del exjefe del Consell Francisco Camps, acaba de presentar un informe pericial ante el magistrado de la Audiencia Nacional que a partir del lunes comenzará a juzgar la supuesta financiación ilegal del partido en esta autonomía (un proceso en el que figura entre los veinte acusados) en el que no sólo se desvincula de las cuentas de la formación política sino que implica al propio partido y a antiguos compañeros como a la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo, a los exdirigentes populares de Castellón Carlos Fabra y Francisco Martínez Capdevilla y al exdiputado David Serra, además de al empresario valenciano Felipe Almenar.

El informe encargado por Costa, que dimitió como diputado en enero de 2015 y se enfrenta a una petición de casi ocho años de prisión por tres delitos electorales y uno de falsedad, pretende determinar quién controlaba las campañas municipales, autonómicas y generales así como la contabilidad y su fiscalización.

En el documento se afirma que era «el Comité de Campaña del PP Nacional» quien controlaba «directamente» los comicios generales y municipales así como sus cuentas, que eran fiscalizadas a través del Tribunal de Cuentas. «La única competencia del PPCV son las elecciones autonómicas y tanto el control de lo que se considera gasto electoral, así como la contabilidad electoral, corresponde al administrador de campaña», precisando a renglón seguido que «la Sindicatura de Cuentas, órgano público que fiscaliza las cuentas de los partidos, aprobó sin ninguna salvedad que en la campaña electoral del 2007 el PPCV gastara 1.249.220 euros». Y agrega: «Tampoco en las elecciones municipales de 2007, ni generales, consta en el Tribunal de Cuentas ni ante la Junta Electoral Central ningún tipo de reclamación u oposición a los realizados y controlados por el PP nacional».

Delitos fiscales

En cuando a la supuesta comisión de delitos tributarios (dos por el IVA y otros tantos por el impuesto de sociedades) sostiene el perito contratado por Costa que «se considera que colaboraron en la comisión de los indicados cuatro presuntos delitos el PP, Felipe Amenabar (presidente de Cyes), Sonia Castedo, Francisco Martínez (expresidente de la Diputación de Castellón), el exdiputado David Serra y (el exdirigente popular de Castellón) Carlos Fabra». El informe recoge entre otras afirmaciones que «en lo que se refiere a los ingresos electorales, la contabilidad electoral del PP para las elecciones municipales de 2017 debió registrar como ingreso, y no lo hizo, los fondos que financiaron los gastos electorales no contabilizados». Para el perito, «no ofrece dudas en pago en bde 3.200 euros que lleva por concepto Acto de Teulada (...) fue destinado a financiar actos electorales en las elecciones municipales y que los siguientes (ver cuadro adjunto) lo aparentan».