Salvo que la Conselleria de Transparencia y la Agencia Antifraude se pongan de acuerdo, habrá buzones de denuncia ciudadana por duplicado. El organismo que dirige Joan Llinares prevé crear mediante su nuevo reglamento buzones de denuncia «como canal seguro para la comunicación de cualquier información relacionada con el posible fraude y corrupción». Esta herramienta está dirigida no sólo a cualquier ciudadano, sino también a los empleados públicos, a quienes se les ofrece la opción de denunciar malas prácticas y hechos fraudulentos.
Esta iniciativa parece calcada al buzón de denuncias que también ha regulado el departamento que dirige Manuel Alcaraz.
Eso sí, mientras en Transparencia siguen dando vueltas a si es posible que exista un anonimato total, Antifraude lo tiene claro, ya que, en su documento, recoge que la denuncia podrá ser anónima o no. En todo caso, da garantía de absoluta confidencialidad.
Transparencia está trabajando en un sistema de encriptación para proteger a la persona delatora. Por otro lado, y al igual que se está regulando desde el Consell, la agencia promete desarrollar el estatuto de la persona alertadora o denunciadora.
Por otro lado, el futuro reglamento da otras claves sobre el funcionamiento de la entidad. Habrá un consejo de dirección para la toma de decisiones de especial relevancia cuya composición se regulará. Sólo se avanza que será paritario. Llinares tiene previsto que la agencia trabaje mucho el apartado de la prevención y prevé elaborar un plan y mapa de riesgos.
Además, tiene claro cuáles serán los asuntos prioritarios, allí donde la entidad pondrá la diana al tratarse de ámbitos más susceptibles de fraude o corrupción. A saber: la contratación pública, la adjudicación, la ejecución de contratos, las concesiones, las subvenciones y la ejecución de los proyectos financiados, el urbanismo, el medio ambiente y los procedimientos de selección, gestión y promoción del personal público.
