La Agencia Antifraude de la Comunitat Valenciana cuenta desde hace meses con director, está dotada presupuestariamente, pero sigue errante y capada en espera de sede y personal suficiente. Ahora bien, autoestima no le falta y tiene claro que ante los numerosos casos de corrupción vinculados al ejercicio del poder su existencia es necesaria, entre otros motivos, por que esta misión de vigía no «han sabido o podido hacerla» el resto de órganos de control internos y externos. «Los controles existentes, tanto internos como externos de la actividad pública, política y administrativa han fallado», asegura el director general de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción en la Comunitat Valenciana, Joan Llinares, en un documento público.
Se trata del texto base sobre el reglamento de funcionamiento del ente, ahora en fase de consulta pública. El texto busca abrir un debate entre aquellos sujetos y organizaciones más representativas que puedan potencialmente ser afectados por la futura norma. Se les pide opinión sobre la necesidad y oportunidad del reglamento que debe regular su actuación.
Una de las primeras cuestiones que aborda el documento es la propia razón de ser del organismo. Llinares destaca que se trata de la primera entidad creada en el ámbito de la Comunitat Valenciana y no prevista en el Estatut de Autonomia, con independencia funcional y adscrita a las Cortes con la única finalidad de «proporcionarle autonomía y capacidad de decisión, lejos de posibles injerencias de las instituciones». Dicho esto, se incide en que su labor resulta necesaria para resolver problemas, entre ellos el hecho de que los organismos de control ya existentes «no han sabido o han podido detectar los casos de fraude y de corrupción que han anidado en las estructura de poder».
Llinares no se limita a esta afirmación genérica y cita una a una las entidades que, en su opinión, han fallado, como «demuestra los numerosos casos de corrupción existentes en los últimos años en nuestros juzgados y tribunales». La lista de señalados es larga: «abogacías o asesoramiento jurídico interno de las administraciones públicas y su sector público, intervenciones, inspecciones de servicio u órganos equivalentes de control, supervisión o protectorado de personas jurídicas públicas y privadas instrumentales. Y añade: «Tampoco la Sindicatura de Comptes, el Tribunal de Cuentas o el Síndic de Greuges han servido para estas finalidades».
La toma de conciencia de que, a pesar de esta superestructura de control , las irregularidades camparon a sus anchas en las instituciones políticas no es una reflexión nueva. De hecho, ha estado presente en el debate político cuando los grupos parlamentarios (sobre todo, Podemos) plantearon una agencia ad hoc inspirada en la catalana para poner coto a la corrupción. Sin embargo, el documento hecho público resulta un dedo acusador hacia entes estatutarios, como la Sindicatura de Comptes o de Greuges. De hecho, indica que el organismo nuevo «complementa» las funciones de otros órganos al actuar en diversos estadios operativos. El texto recoge la necesidad de cierta coordinación entre las diferentes instituciones de control. La oficina se arroga el impulso de la integridad y la ética pública, para lo cual el futuro reglamento contribuirá a construir «un marco de integridad institucional, conjuntamente con el resto de instituciones». En todo caso, Llinares insiste que «no es posible» acabar con la corrupción con soluciones alternativas, regulatorias o no regulatorias: «Las instituciones y órganos de control existentes hasta el momento no han conseguido, desde el ejercicio de sus funciones, prevenir y atajar la corrupción en la Comunitat Valenciana».
Antifraude salva en su exposición a juzgados y tribunales que «actúan», si bien no todos los hechos de corrupción llegan a ser denunciados y, cuando llegan, no todas las denuncias son instruidas. Se muestra comprensivo ante la falta de medios «incluso a veces bajo el riesgo de colapso» y por la complejidad de los procedimientos administrativos que se investigan y el volumen de la documentación».
En todo caso, subraya, la Justicia actúa con carácter represivo (no preventivo) y la lentitud de los procedimientos da tiempo a los defraudadores para proteger los dineros «que escapan de las arcas públicas a manos corruptas».
En este contexto, afirma que la agencia es un organismo eficaz y rentable que parte del hecho de que la corrupción es un riesgo que no sólo forma parte del pasado, sino también del presente y del futuro.
