Más problemas judiciales para el PP de la Comunidad Valenciana y para el expresidente de la Generalitat Francisco Camps. Vienen esta vez de la mano de un antiguo aliado comercial, Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel, que cumple pena de prisión (13 años) impuesta por el Tribunal Superior de Justicia valenciano por amañar los contratos del expositor de la Generalitat en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

Correa ha pasado a colaborar con la Fiscalía, como se comprobó en el juicio que finalizó en noviembre pasado sobre la primera época de la trama Gürtel en Madrid (está a la espera de sentencia), y quiere mantener esa actitud en el juicio que se inicia el próximo lunes en Madrid sobre la presunta financiación ilegal del PPCV y que sentará en el banquillo de los acusados a exdirigentes populares como Vicente Rambla, Ricardo Costa y David Serra.

En esta línea de colaboración, el cabecilla de Gürtel envió el pasado lunes al juzgado central de lo Penal de la Audiencia Nacional (el encargado del caso) un escrito en el que admite la realización de actos electorales y de otro tipo para el PP de València por parte de Orange Market (la sucursal valenciana de la trama) «mediante pagos en b» y «mediante la creación de facturas ficticias que se giraron a distintos empresarios por trabajos no realizados realmente a sus empresas». Admite, por tanto, la operativa fraudulenta descrita por la Fiscalía.

Precisa al respecto que no podía conocer los detalles concretos de tales operaciones, «pero sí estaba el corriente de que se nos pagaba de esa forma».

Correa confirma asimismo los orígenes de Orange Market, firma que «se creó porque dejamos de trabajar para el PP en la sede de Génova de Madrid», asegura. Y apunta al expresidente Camps para explicar el inicio de la relación con el PP valenciano: «Álvaro Pérez (el Bigotes) tenía un contacto que le presentó a Francisco Camps, quien le propuso hacer eventos para el PP de València».

Este diario intentó ayer conocer la posición del exjefe del Consell sobre la última declaración del cabecilla de Gürtel.

Francisco Correa señala asimismo en el documento, al que ha tenido acceso este diario, que «el dinero 'b' de València se trasladaba a Madrid», donde existía una caja 'b' que controlaba el propio empresario y líder de Gürtel, según reconoce. A través de esta fue como el Bigotes cobró durante un tiempo en b, detalla, «hasta que se solucionaron sus problemas fiscales».

Correa, que habla siempre en su escrito del PPCV y no del Consell y que descarga la responsabilidad de la ocultación de ingresos de Orange Market y la creación de facturas ficticias en José Ramón Blanco Balín «o una persona a su cargo», manifiesta su deseo de alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. En este sentido, admite la veracidad de los hechos descritos en el escrito de acusación de febrero de 2015.

El objetivo del empresario, según ha podido saber este diario en fuentes jurídicas, es que el Ministerio Público reduzca su petición de condena contra él de 24 años a, como máximo, nueve. Ese aspecto deberá dirimirse en la jornada dedicada a cuestiones previas del juicio que se inicia el lunes.

Correa busca que se le aplique la atenuante del reconocimiento de los hechos (no habla de delitos), algo que se enmarca en la negociación con el Ministerio Público y con Suiza para el desbloqueo de los fondos del acusado depositados en el Credit Suisse de Ginebra a nombre de Golden Chain Properties y que irían destinados a reparar los daños causados en España y, con ello, la disminución de la pena. Esos fondos, que podrían ascender a más de 30 millones de euros, están bloqueados desde marzo de 2009 y el propio Correa ha pedido su desbloqueo con la adhesión de la Fiscalía. El titular del juzgado central de lo Penal aprobó el pasado 18 de diciembre dejar sin efecto ese bloqueo y ese es el trámite en el que se está ahora con las autoridades suizas.