Las Cortes Valencianas celebrarán los días 24 y 25 de enero un pleno extraordinario en el que el PP quiere que haya sesión de control al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, porque de lo contrario no habrá preguntas de interés general al jefe del Consell hasta el 8 de febrero, cuando la última sesión fue el 23 de noviembre. El calendario de plenos para el próximo periodo de sesiones comenzará el 7 de febrero con un pleno y acabará el 5 de julio. El PP ha pedido que se busque otra fecha para el pleno previsto para el 25 de abril, al coincidir con el Día de las Cortes Valencianas, pero que no se elimine del calendario.

La portavoz adjunta del PP, Eva Ortiz, reclamó que en el pleno extraordinario haya sesión de control porque «han pasado muchas cosas» desde la última, el pasado 23 de noviembre. Sobre el contenido de este pleno, que se ordenará en la Junta de Síndics de la próxima semana, manifestó que intuyen que se incluirá «algo que tiene que ver con la educación». Por su parte, el síndic socialista, Manolo Mata, anunció la presentación de una proposición no de ley dirigida al Gobierno central en la que piden la transferencia inmediata de la liquidación del sistema de financiación correspondiente al año 2016 (1.500 millones), mantener las entregas a cuenta en las cantidades previstas en julio de 2017 (353 millones de euros, que ahora Madrid quiere recortar en el último hachazo decretado por el ministro Montoro) o establecer un déficit asimétrico para la Comunidad en compensación por la infrafinanciación.

En la iniciativa, según explicó Mata, solicitan además que «se acabe con las excusas y con los chantajes porque existen soluciones políticas que pueden aplicarse para paliar de forma provisional la situación de la Comunidad con independencia de que se aprueben o no los Presupuestos Generales del Estado». Mata denunció «la trama que se está articulando desde Madrid al intentar hacernos ver que no hay posibilidad de cumplir con ciertas exigencias porque no hay presupuestos» y recordó que «si tanto el Gobierno como la Autoridad Fiscal como los expertos están de acuerdo con que la Comunidad es la peor financiada no tiene ningún sentido seguir prolongando la asfixia económica que vienen sufriendo los valencianos».

Por otra parte, el grupo parlamentario de Ciudadanos en las Cortes ha solicitado la comparecencia del conseller de Educación, Vicent Marzà, para que explique los criterios que se han seguido para conceder las ayudas para promoción al valenciano «a medios catalanistas y personas particulares», como un profesor de alemán. Así lo indicó el portavoz adjunto de Cs, Juan Córdoba, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics, en la que ha señalado que gran parte de las subvenciones, que ascienden a un total de 2,8 millones, son «razonables» porque reivindican que se dote de ayudas a los medios de comunicación «que tienen su actividad en la Comunidad Valenciana», pero «no ocurre así en todos los casos», comentó el diputado de Cs.