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Una salida negociada en la Diputación

Cargos del PP proponen evitar otra batalla y buscar una solución pactada tras la resolución judicial que pone en cuestión el modelo de reparto de subvenciones de la institución provincial

El vicepresidente Carlos Castillo con César Sánchez, en una imagen reciente en la Diputación. a. I.

César Sánchez atraviesa, sin duda, por el momento más delicado de los dos años y medio que lleva en la Diputación. La resolución judicial que suspende de forma cautelar una subvención «a dedo» de 800.000 euros en Busot, población de la que es alcalde el vicepresidente y diputado de Hacienda, Alejandro Morant, va más allá de una cuestión local. La estrategia del portavoz de Compromís, Gerard Fullana, ha terminado por cuestionar todo el sistema de reparto de subvenciones de la institución provincial para poner en cuarententa el punto clave de la gestión que el equipo de gobierno del PP había intentando mantener frente a la Generalitat en la pugna del Fondo de Cooperación: el control de las ayudas públicas y la discrecionalidad en los criterios de distribución.

Hasta ahora, el presidente de la Diputación no se había enfrentado a un problema de este calibre. Y hay cargos del PP que rechazan volver a la estrategia de confrontación y plantean buscar una solución pactada. Hay demasiadas cosas en juego. Muchos municipios justifican todo un mandato con las obras que reciben de la institución provincial y no se pueden permitir, a un año y medio de las próximas elecciones, enredarse en una disputa que pueda poner en peligro la ejecución de obras o la promesa de nuevas actuaciones. De momento, la estrategia que ha trascendido de puertas hacia fuera desde la Diputación es la de responder con artillería de grueso calibre: a la resolución judicial de Compromís, el vicepresidente Carlos Castillo -enfrentado a brazo partido con Gerard Fullana- ha amagado con denunciar tanto al Consell como a la Diputación de Valencia por las ayudas directas.

Pero no todo el mundo piensa de esa manera dentro del partido que controla la institución provincial. Dirigentes populares, de hecho, han mantenido contactos, de momento de corte discreto e informal, con el propio portavoz de Compromís en la Diputación, Gerard Fullana, para explorar un acuerdo que permita enterrar la vía judicial. Cabe recordar que el grupo de Compromís ya ha conseguido paralizar la subvención «a dedo» para Busot y, además, tiene en el juzgado una segunda demanda para suspender otra obra millonaria de 1,1 millones concedida en condiciones ventajosas -financiación total de la contrata y flexibilidad de ejecución- al Ayuntamiento de La Nucía, localidad que gobierna Bernabé Cano, nombrado antes de Navidad vicepresidente de la Diputación con un aumento de sueldo a pesar de estar imputado.

El portavoz de Compromís, tras conocer la resolución de Busot y registrar la demanda de La Nucía, le trasladó a la Presidencia de la Diputación la petición de una entrevista con César Sánchez. Gerard Fullana sugirió las fechas del pasado viernes, de mañana lunes o del martes, días en los que, según Compromís, el responsable de la institución provincial no tiene en su agenda ningún evento institucional. Hasta ahora, se han producido contactos. Pero sólo entre cargos del PP y el propio portavoz de Compromís, que no se opone a que los municipios afectados puedan optar a subvenciones pero entiende que, al no corresponder la petición a una subvención «a dedo», deben ajustarse a una tramitación ordinaria con bases para tener las mismas oportunidades que el resto de poblaciones de la provincia y que no se vulnere el «principio de igualdad».

El acuerdo podría pasar por el reconocimiento de «culpa» de la Diputación para ratificar que, efectivamente, esas ayudas se tendrían que haber gestionado a través de un plan reglado y evitando una adjudicación directa en tanto que no se ajustan al criterio excepcional de las subvenciones nominativas. A cambio, se evitaría continuar con la vía judicial que podría suponer, de seguir adelante, la suspensión de la ayuda de La Nucía, posteriormente la paralización de la que se concedió a Mutxamel y condicionar la política de ayudas de César Sánchez para lo que queda de este mandato.

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