Los municipios de menos de cinco mil habitantes de la provincia de Alicante percibirán hasta cuatro veces más asignación económica de la Diputación que del Consell en relación al reparto del Fondo de Cooperación Municipal impulsado por la Generalitat Valenciana, según los cálculos definitivos realizados por el área de Economía de la institución provincial que dirige Carlos Castillo. Tras la aprobación de los presupuestos de 2018 de la Diputación -que han dejado fuera la partida de 13,7 millones de euros que la institución tendría que haber aportado al Fondo de Cooperación del Consell para ofrecerlo tal y como está concebido-, el equipo de gobierno que lidera el popular César Sánchez ha desafiado las normas de reparto del Consell y ha establecido criterios propios.

El objetivo de ese desafío no es otro que argumentar que la «Dipu de los Pueblos» está con ellos. Aunque sea con un fondo municipal disfrazado de Fondo de Cooperación y al que el diputado de Economía ha llamado Fondo Mixto de Cooperación Diputación-Generalitat para pegar el nombre de la institución provincial al lado de la principal administración autonómica.

La aportación que la Diputación hará a los municipios en su particular Fondo de Cooperación se hará vía remanente de tesorería y, por tanto, utilizará el sobrante del presupuesto de 2017. Esta fórmula, en ningún caso, permite que los municipios inviertan en lo que decidan, sino que estarán condicionados a que se trate de inversiones financieramente sostenibles; es decir, que no requieran de nuevas inversiones para su mantenimiento, algo que ha sido muy criticado por los grupos en la oposición, que tildan de «engaño» la fórmula elegida por el equipo de gobierno de César Sánchez.

Así, municipios gobernados por diputados provinciales como Busot o Planes, donde son alcaldes los vicepresidentes de la Diputación Alejandro Morant y Javier Sendra respectivamente, cuadruplican su asignación respecto al Consell, aunque la inversión que podrá hacerse en estos casos estará condicionada a ser financieramente sostenible. También multiplica por cuatro la asignación a localidades como Xaló, donde es concejal el portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana.

Con los criterios establecidos unilateralmente por la Diputación, las localidades de más de cinco mil habitantes y especialmente las grandes ciudades verán mermada la asignación en cantidades que llegan a superar el medio millón de euros. Es el caso de Alicante o Elche. El bocado también alcanza al pueblo del presidente de la Diputación, Calp, que verá reducida esta aportación en relación a la del Consell. Lo mismo ocurre con la localidad gobernada por el portavoz del grupo socialista, José Chulvi, puesto que Xàbia percibirá 223.716 euros de la Generalitat, mientras que la Diputación le asigna en su Fondo de Cooperación menos de 130.000 euros. El reparto castiga a las ciudades más grandes -casi todas-, a excepción de Benidorm y Orihuela, en manos de gobiernos progresistas y localidades que los populares perdieron en las últimas elecciones municipales. En el caso de Orihuela, gobernada por el alcalde popular Emilio Bascuñana, no se produce ese castigo porque la asignación con los criterios de la Diputación se cuadruplica respecto a la del Consell al tener en cuenta la disgregación de población del municipio.

El equipo de gobierno de la Diputación sostiene que sus criterios permiten priorizar a los pueblos más pequeños. Mientras tanto, desde la oposición critican que este reparto no es un Fondo de Cooperación tal y como el Consell lo establece, sino que es un plan de obras financieramente sostenibles que nada tiene que ver con el auténtico fondo impulsado por el Consell, al impedir que las inversiones puedan hacerse sin condicionantes. De hecho, el rechazo de la oposición a aprobar los presupuestos de la Diputación para 2018 -que salieron adelante la semana pasada con el voto favorable del diputado tránsfuga, Fernando Sepulcre- se basó en la negativa del PP a presupuestar el Fondo de Cooperación en las cuentas del año que viene.