El primer año completo de gestión del Consell del Botànic logró ayer pasar la prueba del algodón de la Sindicatura de Comptes, si bien el informe de 2016 contiene toda una serie de reproches, sobre todo en contratación y subvenciones, que recuerdan peligrosamente a prácticas que los partidos que ahora gobiernan reprochaban al PP cuando estaban en el Gobierno. Y es que la auditoría sobre la Generalitat y su sector público entregada ayer en las Cortes, tiene luces y sombras, de ahí que unos (el propio Consell) interpretara el documento como una palmada a la espalda y otros (el PP) lo concibiera como «carne» del Tribunal de Cuentas». El Síndic major, Vicent Cucarella, evitó pronunciarse ante la inevitable pregunta de si la gestión había mejorado respecto a la etapa popular, si bien subrayó que no habían detectado indicios de responsabilidad contable: «Buena señal, es», señaló.
Esta ausencia de «pufos» de gestión en la Administración de la Generalitat es el punto de partida de una auditoría financiera en la que se recogen hasta nueve salvedades, entre las que se incluye el hecho de que el Consell sigue contrayendo gastos sin cobertura presupuestaria (cuenta 409 y 411), las llamadas facturas en el cajones, que sumaron a 31 de diciembre un total de 1.757 millones de euros y que constatan otra evidencia: las dificultades de hacer frente al gigantesco gasto sanitario con unas cuentas sometidas a dieta. La cifra, con todo, es inferior al del ejercicio de 2015 (1.836 millones) y muy alejada de la etapa popular, cuando incluso, se ocultaban, dando lugar a la multa de Europa por falseamiento del déficit.
En términos generales, la Síndicatura constata una contención del gasto respecto al año anterior y una evolución al alza de los ingresos (gracias a la mejora de la economía y la inyección de fondos del Estado), lo que ha revertido en una reducción significativa del déficit presupuestario (de 3.707 millones en 2015 a 2.085 millones, según su propio ajuste), aunque señala que este se mantiene aún «en niveles elevados e insostenibles que exigen el recurso permanente al endeudamiento». Un aumento de los ingresos que el Síndic del PSPV en las Cortes, Manuel Mata, dijo que era reflejo de «la estabilidad que el Consell de Ximo Puig ha aportado a la economía valenciana». Como ya hizo el año anterior, refleja el escaso margen de maniobra del Ejecutivo ante una sistema de financiación perjudicial para la Comunidad.
Ahora bien, hay que cuestiones que difícilmente pueden achacarse a la herencia patrimonial, contable y financiera y que sólo caben ser atribuidas al actual Consell, como es el caso de la contratación y las subvenciones. Así, el análisis de la muestra de 39 expedientes de contractación ( que afectan a todas las conselleries) revela «incumplimientos significativos» tanto en los pliegos de licitación (ausencia de criterios objetivos) o declaraciones de urgencia u emergencia sin justificar. Dos de los expedientes analizados incurren en causas de nulidad administrativa por ausencia de documentación preceptiva.
Pero, además, el Síndic denuncia fraccionamiento de contratos en las adquisiciones de farmacia y productos sanitarios que se tramitan como contratos menores y a través de la caja fija. Esto supone una «destacable infracción del principio de publicidad».
En lo relativo a los controles tecnológicos a los procedimientos de gestión de las compras de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, considera que no aportan un nivel de confianza razonable para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad de los datos y de los sistemas de información. El informe también analiza las cinco universidades públicas de la Comunidad Valenciana. La fiscalización detecta incumplimientos en la normativa de aplicación a la gestión de los contratos de investigación de la Universitat de València. En cuanto a la fiscalización de las Cámaras de Comercio, alerta de que ha habido incumplimientos en la de Orihuela - la única que cita de la provincia de Alicante en este sentido-, también en la de Castellón y en el Consejo de Cámaras de la Comunidad.
