La Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana -que ha entregado este viernes al presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, y al jefe del Consell, Ximo Puig el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat correspondiente al ejercicio 2016- ha detectado "un grave desequilibrio patrimonial" en la administración autonómica, tras haber registrado gastos por 14.529,9 millones de euros e ingresos por 11.892,9. Al cierre del 2016, los fondos propios negativos de la Comunidad eran de 28.104,2 millones de euros.

Por su parte, la liquidación del presupuesto muestra un resultado presupuestario negativo, de 2.189,5 millones de euros. La institución recomienda al ejecutivo incluir en sus presupuestos iniciales cuáles serán las transferencias que recibirá del Estado derivadas del sistema de financiación autonómico, calculadas de forma realista.

En el análisis del ejercicio 2016, se ha observado un crecimiento notable de los ingresos y una disminución de los gastos. Es de destacar que, tras un periodo de cinco años de estancamiento, se ha registrado un incremento de más del 10% en los tributos cedidos, hasta los 9.765,3 millones de euros. Mientras, los derechos reconocidos por pasivos financieros han ascendido a 6.967,8 millones de euros, la mayoría de los cuáles procedieron de préstamos concertados por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

En este ejercicio, se ha identificado igualmente una significativa reducción del déficit presupuestario, que no obstante aún permanece en un nivel muy elevado y superior a lo comprometido. El informe refleja que la deuda financiera de la Generalitat a fecha de 31 de diciembre del 2016 asciende a los 43.073,8 millones de euros, de los cuales 34.224 millones de euros corresponden a deuda proveniente de las líneas de crédito de los mecanismos extraordinarios de financiación a las comunidades autónomas.

En cuanto a las concesiones sanitarias, en 2016 existían 31 liquidaciones pendientes de aprobación, en trámite o recurridas, relativas a los cinco contratos de concesión administrativa para la prestación de asistencia sanitaria en los departamentos de salud de Torrevieja, Dénia y Elx-Crevillent.

La institución opina, según recoge en su página web, que el nivel de control que existe en los controles generales de las tecnologías de la información (CGTI) de la Generalitat aporta un nivel de confianza razonable y destaca una elevada implantación de la factura electrónica en 2016, que ya representa más del 93% del total de facturas.

Sin embargo, en lo relativo a los controles tecnológicos a los procedimientos de gestión de las compras de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, considera que no aportan un nivel de confianza razonable para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad de los datos y de los sistemas de información.