Los últimos recortes exigidos por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a la Generalitat han enervado a los socios del Consell y recrudecido la guerra entre el gobierno autonómico y el central, desatada muy especialmente en las áreas de Hacienda. En pleno debate por la financiación autonómica, el ministro ha exigido nuevos ajustes a la Generalitat y ayer amenazó con la intervención estatal si no se corrigen las desviaciones del gasto, que en el caso de la Comunidad Valenciana se ha incrementado por encima de un punto sobre el techo del 2,1% que marca el Gobierno.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, contestó ayer al ministro que no puede cumplir con la petición de ajuste financiero porque la Comunidad está al límite y «no tiene recursos suficientes». Una vez más, el jefe del Consell reclamó a Montoro que cumpla la promesa lanzada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la última Conferencia de Presidentes de activar para este 2017 un nuevo modelo de financiación autonómica, una promesa que el propio Montoro hizo a Puig en la reunión que mantuvieron en Madrid el pasado octubre y en la que el mismo jefe del Consell reconoció que el ministro tenía «predisposición».
Pero los ánimos se han caldeado. A la promesa incumplida del gobierno de Mariano Rajoy sobre la reforma del modelo de financiación se suman ahora los nuevos ajustes que el ministro reclama y que han terminado por hacer estallar los ánimos del gobierno valenciano. El jefe del Consell recordó ayer ante la misiva enviada por el área estatal de Hacienda exigiendo más recortes antes de fin de año que «debemos tener un tratamiento diferenciado respecto a la asunción del gasto», una afirmación que ayer respaldó el Conseller de Hacienda, Vicent Soler, que dijo que a estas alturas del año, es imposible hacer más ajustes.
Por si la presión de Montoro fuera poco para encrespar los ánimos en el Consell, el delegado del Gobierno Juan Carlos Moragues, instó ayer al gobierno de Puig y Mónica Oltra a eliminar «gastos innecesarios y superfluos». En unas declaraciones recogidas por EFE, señaló que el gasto de la Generalitat «debe centrarse en la sanidad, en educación, en los centros de menores y, en definitiva, en los servicios sociales pero no deben incrementar el gasto para crear una Administración intervencionista e ineficiente con más empresas públicas, más agencias y más altos cargos». Reprochó también que el Consell haya creado este mes dos altos cargos más, en referencia a las últimas direcciones generales creadas en la Conselleria de Vicepresidencia y Políticas Inclusivas que dirige Oltra.
La secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira, también mostró su malestar y tildó de «bochornoso» que el delegado del Gobierno «se ponga del lado de Ejecutivo central y en contra de los valencianos frente a un modelo de financiación que castiga a la Comunidad» y que conoce bien como exconseller de Hacienda.
Por su parte, el síndic de Compromís, Fran Ferri, advirtió de que el pueblo valenciano no consentirá «el chantaje» del ministro de Hacienda para «la aplicación encubierta» del artículo 155 en la Comunidad «con el fin de que se ejecuten las políticas de recorte del PP porque no aguanta las políticas progresistas del Consell».
La tromba de reacciones tras el aviso de Montoro evidenció que la crispación está dispuesta a fluir en un asunto de máxima prioridad en la agenda política del Consell, como es la financiación, aunque habrá que medir tensiones ahora que se retoman las negociaciones sobre el nuevo modelo de financiación autonómica con la llegada de 2018. La misiva de Montoro pidiendo ajustes al Consell para cumplir con la regla del gasto llega, además, después del rosario de 44 nuevos requisitos impuestos por Hacienda para poder acceder al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
