Los populares de Isabel Bonig dieron ayer un paso más en su estrategia de suministrar a la izquierda la misma medicina que ellos tragaron cuando eran gobierno, aunque ello implica hacer una suerte de negacionismo de su propio pasado trufado de escándalos de gestión. El nuevo PPCV volvió a actuar como si ese pasado no le atara y acusó al Consell de Ximo Puig de actuar «en contra de los intereses de los valencianos» por un acuerdo alcanzado en marzo de 2016 con la empresa Terra Mítica, en virtud del cual la Generalitat renunció a pelear ante los tribunales cuatro millones de euros a cambio de cobrar una deuda de once cuyo origen se remonta a la etapa de Francisco Camps.

Los populares, responsables en su día del pozo sin fondo en que se convirtió el parque temático de Benidorm, estiman ahora que los responsables de la Conselleria de Hacienda deben responder ante los tribunales por un presunto quebranto económico. Piden por ello a la cúpula del departamento que dirige Vicent Soler que responda con su patrimonio y que sean destituidos por el presidente Ximo Puig. Además, los servicios jurídicos del partido están estudiando acciones legales.

Los hechos denunciados ayer en rueda de prensa por los diputados autonómicos Rubén Ibáñez y Eva Ortiz se remontan al 9 de marzo de 2016, fecha en la que la comisión ejecutiva de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (la empresa pública que en su día fue propietaria de parte del parque de ocio) aprobó una acuerdo con Terra Mítica para poner fin al litigio que ambas partes mantenían y recuperar el dinero adeudado por la empresa.

El origen de esta deuda se remonta a los años 2009, 2010 y 2011 cuando la SPTCV concedió diferentes préstamos a Terra Mítica por una cantidad de 44 millones. El dinero se fue devolviendo, pero en diciembre de 2013, ya con Alberto Fabra al frente del Consell, la firma dejó de pagar. Debía entonces 20 millones. En febrero de 2015, es decir, todavía con Fabra de presidente, la Abogacía de la Generalitat en representación de la SPTCV interpuso ante los juzgados de primera instancia de Benidorm una demanda para reclamar la cantidad adeudada. Por lo pronto, el juzgado tumbó las medidas cautelares exigidas y en espera de juicio, Terra Mítica fue abonando cantidades hasta un total de 11,2 millones.

Sin embargo, las partes discrepaban respecto a los intereses de demora que debían aplicarse. En origen los contratos firmados recogían el 18% y el 25%, según los préstamos. Terra Mítica, sin embargo, alegaba que en 2012 se firmó un documento de novación de la deuda en el que no se incluyó ningún tipo de interés de demora concreto, por lo que entendía que debía aplicarse el 5,5%. Aunque la SPTCV defendía que los intereses eran los originarios (18 y 25%), la propuesta del consejo en aras a llegar a un acuerdo fue rebajarlos al 7%. Eso sí, Terra Mítica debía, como así hizo, liquidar la deuda en 48 horas. Así, la SPTCV ingresó 11 millones de euros, pero perdió, según el PP, la opción de recuperar 4 millones de euros, la cantidad que Terra Mítica habría tenido que ingresar si se hubiera respetado los intereses fijados en los contratos originales. «El Consell ha pasado de no querer pagar la deuda a los bancos, a perdonarlas a empresas privadas», asestó ayer Ibáñez, quien insistió en pedir responsabilidades por una operación que no ven clara porque, afirman, se adoptó sin informe de la Abogacía de la Generalitat.

La denuncia del PPCV fue tildada ayer por Hacienda de vergonzosa: «El PP regaló por un euro Terra Mítica mientras que solo a la SPTCV le costó 83 millones».«Esto sí lo han pagado los valencianos», indicaron como respuesta.

Desde Hacienda se defendió la legalidad del acuerdo alcanzado y se responsabilizó al gobierno de Fabra de haber gestionado el caso de forma «desastrosa» ya que el «olvido» en la novación del contrato de 2012 es a lo que la propietaria se acogió para no pagar los intereses.

Hacienda defendió que se llegó al acuerdo ante la incertidumbre sobre la decisión judicial y para no demorar in eternis el cobro del dinero. Además, se defendió que se consultó a l Abogacía y que existe un informe favorable de los servicios jurídicos de la empresa. El director de la SPTCV, Antonio Rodes, calificó de cínicas e irresponsables las acusaciones del PP: «Estuvieron en el origen del problema y ahora intentan obstaculizar la solución».