El grado de control al que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tiene sometidas las cuentas públicas de la Generalitat como condición para liberar recursos económicos ha generado honda indignación en las filas de Compromís, donde se considera que esta suerte de intervención debe ser respondida con contundencia. De hecho, algunas voces se muestran partidarias de promover una moción de censura al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que consideran responsable de acabar con la autonomía financiera de la Generalitat. Exigen, eso sí, que el PSPV de el paso y convenza al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para una reprobación en el Congreso de los Diputados.

El diputado autonómico de Compromís, Josep Nadal, es uno de lo que públicamente ha reclamado plantar cara al Gobierno de Madrid: «El PSPV debería comportarse de manera responsable y exigir a los suyos una moción de censura inmediata a Rajoy. No hay excusas que valgan. Eso, o le damos las llaves de la Generalitat a Montoro», dijo en su Twitter. Una sugerencia que ha sido aplaudida por su grupo parlamentario, así como por varios cargos y asesores de la pata nacionalista de Compromís. No es la primera vez que este partido censura en el Congreso a Rajoy en cuestiones clave de ámbito nacional en las que se ha visualizado sus discrepancias con los socialistas. Así, Compromís apoyó la moción de censura presentada por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, este verano, al tiempo que sumó sus apoyos al intento de frenar el 155, que también apoyó el PSPV.

Las nuevas exigencias del Ministerio de Hacienda para inyectar a la Comunidad Valenciana nuevos recursos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) ha enervado al sector de Compromís que piensa que es necesario ir más allá para evitar quedar en manos del Gobierno central. El Consell vive con gran pesadumbre y preocupación la vuelta de tuerca a la que Montoro les ha sometido. Son 44 nuevos requisitos para acogerse al FLA de 2017: facturas, contratos, nóminas de personal, podrán ser supervisadas por el ministerio con pulsar un botón. De hecho, la Generalitat ha tenido que renunciar a sus propios registros y aplicaciones informáticas con tal de facilitar que la Intervención General del Estado tenga acceso a su contabilidad. Así, por ejemplo, la Generalitat tendrá que dar de baja su central de compras para acogerse a la plataforma estatal. Además, cada 30 días el Ejecutivo debe aportar informes.