El PP aprobó ayer con el voto del diputado tránsfuga, Fernando Sepulcre, los presupuestos de la Diputación Provincial de Alicante para 2018. Y lo hizo entre loas al miembro de la institución provincial que les está sirviendo de báculo para sacar adelante sus principales políticas. Las cuentas para el año que viene ascienden a 260 millones de euros, en los que las políticas sociales y las inversiones en materia hídrica tienen «principal protagonismo», según señaló el portavoz del equipo de gobierno, Carlos Castillo, quien se encargó de realizar la defensa del presupuesto y que lanzó capotes a Sepulcre hasta el punto de convertirle en el adalid de la defensa de las diputaciones.
Tras desgranar las cuentas, Castillo indicó en su segunda intervención: «Celebro sus enmiendas que, desde luego, enriquecen el proyecto de esta Diputación», enmiendas entre las que se repite la «Calle de la Ciencia», un proyecto de Sepulcre que el PP no ha llevado a cabo este ejercicio. «Alabo, en nombre del PP, su defensa de las diputaciones», añadió el portavoz popular dirigiéndose al no adscrito, quien hizo previamente una férrea defensa de la institución provincial.
El lío llegó más tarde con la intervención del portavoz de Compromís, Gerard Fullana, que le dijo a Sepulcre que la mitad de su intervención la hizo como «Macario, teledirigido por un ventrílocuo del PP», por lo que el diputado no adscrito pidió a César Sánchez que le retirara la palabra por mala educación.
El presidente de la institución, César Sánchez, destacó el carácter social de este presupuesto, «en el que más de 55 millones de euros van destinados a las personas», así como la importante inversión que se va a realizar en materia de agua, una partida que casi crece un 50%.
Castillo insistió por su parte en que «el compromiso del gobierno provincial de participar en 2018 en el Fondo de Cooperación Municipal con 14 millones de euros a través de las inversiones financieramente sostenibles» será una realidad a través de las inversiones financieramente sostenibles. Incluso le dio una nomenclatura propia: fondo mixto de cooperación Diputación-Generalitat Valenciana. La oposición justificó su negativa a aprobar las cuentas en la fórmula empleada por la Diputación para sumarse a este fondo ya que los 14 millones de aportación no saldrán vía presupuestos, lo que condiciona las inversiones de los ayuntamientos.
La Dipu de «sus» pueblos
El portavoz del grupo socialista, José Chulvi, señaló que rechazan las cuentas porque «no son los presupuestos de la Dipu de los pueblos, sino los de su Dipu». Destacó esa ausencia de una partida de 14 millones en las cuentas para el Fondo de Cooperación y le espetó al PP que no han tenido voluntad de negociar. Sin embargo, la enmienda del grupo socialista pedía los 14 millones vía presupuestos, pero no decía de dónde sacarlos.
La diputada de EU, Raquel Pérez, y el portavoz adjunto de Compromís, José Manuel Penalva, destacaron que hay que acabar con las diputaciones y acusaron a César Sánchez de convertir la institución en una «agencia de colocación» después de los aumentos de sueldo a dos cargos de su entorno.
