La iniciativa política del Gobierno de España para recurrir leyes de la Generalitat se ha centrado en frenar la sensibilidad social del Pacte del Botànic. De los cinco recursos contra leyes autonómicas presentados por el gobierno de Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional durante el mandato de Ximo Puig aprovechando el control conservador en ese órgano judicial, la mayoría -tres- intentan frenar las normas de carácter social más destacadas del ejecutivo autonómico y de las que el Consell quiere hacer su bandera. Es el caso de los recursos contra la normativa sobre la extensión de la sanidad pública, ya tumbada por el Constitucional; además de las leyes de función social de la vivienda y de pobreza energética, suspendidas cautelarmente.
El Consell se topó el martes pasado con la sentencia del Constitucional que fallaba que el gobierno de la Generalitat Valenciana invade competencias que pertenecen al ejecutivo central en la ley que permite ampliar la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares. Otras dos leyes nacidas del Botànic, la de la función social de la vivienda -encaminada a reducir los desahucios- y la ley de pobreza energética que facilita el suministro eléctrico, de agua o gas a las familias más pobres, están todavía pendientes de resolución final tras presentarse el recurso de inconstitucional al poco tiempo de ser aprobadas por las Cortes. En todos los casos, Rajoy argumenta que la Generalitat se excede en los cambios que realiza, por ejemplo, en los plazos para el corte de luz de agua. Moncloa también sostiene en sus recursos que el Consell se extralimita en su potestad en el régimen del derecho de propiedad.
Los recursos de anticonstitucionalidad están sin resolver en el caso de la ley de pobreza energética y de la ley de función social de la vivienda por lo que automáticamente la normativa queda suspendida, si bien el tribunal se ha pronunciado ya en contra de la ampliación del derecho a la sanidad pública, cuya reciente sentencia ha sido un varapalo para el Consell. El gobierno de Puig y la vicepresidenta Oltra ha decidido seguir adelante para garantizar la atención sanitaria universal pese al fallo del tribunal, según comunicaron desde el Consell, al tiempo que la Abogacía de la Generalitat estudia otras fórmulas normativas, por ejemplo a través de un decreto, cómo «blindar» el fondo de la ley que ha sido anulada.
La sentencia por la atención sanitaria universal ha supuesto un jarro de agua fría a las aspiraciones de autogobierno del Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra, un tándem al frente del ejecutivo autonómico fruto del Pacto del Botànic que unió como socios al PSPV y Compromís con el apoyo parlamentario de Podemos. Por contra, la estrategia del Estado responde a una activación de políticas recentralizadoras, denuncia la izquierda valenciana. Nunca desde que se aprobó el Estatuto se han recurrido desde Madrid normas de este calado. Otra ley del Consell de izquierdas recurrida por el Gobierno y que afecta a uno de sus apartados es la de designación de senadores en representación de la Comunidad. La resolución judicial estimó en parte ese recurso.
Otros reparos del Gobierno contra normas valencianas que no han llegado al Constitucional afectan a la incompatibilidad de cargos electos, a la creación de la Agencia contra el Fraude, la de la Innovación o la respuesta de Emergencias. Anteriormente, el tribunal estimó parcialmente el recurso del Estado contra la ley de uniones de hecho, desarrollada por el Consell del PP. Así, el tribunal dejó sin efecto las tres leyes valencianas de derecho civil nacidas al amparo de la legislación foral que recoge la reforma del Estatut valenciano de 2006: la de régimen económico matrimonial, la de custodia compartida y la citada de uniones de hecho, una potestad legislativa que sí tienen otras autonomías que también tuvieron fueros.
El delegado de Gobierno en la Comunidad, Juan Carlos Moragues, intentó rebajar la polémica y señaló ayer en unas declaraciones a EFE que a nadie le ha faltado la asistencia sanitaria «cuando la ha necesitado» y recordó que el Sistema Nacional de Salud prevé la universalidad de los servicios. En el caso de extranjeros en situación irregular la asistencia en urgencias «está garantizada. Y menores y embarazadas cuentan con una cobertura total».
