El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) desestimó ayer el recurso presentado por España y avaló la multa de 18,93 millones de euros que le impuso el Consejo de la UE por la manipulación de las estadísticas del déficit de la Comunidad Valenciana en 2011 y 2012, cuando gobernaba el PP en la Generalitat. Se trata de casi 19 millones que el ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro restará de las aportaciones que destina a Comunidad Valenciana en el sistema de financiación autonómico.
La investigación llevada a cabo por la Comisión Europea demostró que la Comunidad había cometido «serias negligencias» al remitir información desde 1988, si bien las pesquisas afectan a los años comprendidos entre 2011 y 2012, puesto que hasta 2011 el Ejecutivo comunitario no tenía poderes para realizar estas investigaciones. La corte avala la cuantía de la multa, que España consideraba desproporcionada, y que se fijó en el 5% del importe total de gastos no declarados por España en lo que respecta a la Comunidad Valenciana entre 2008 y 2011, pese a que la investigación cubrió los ejercicios de 2011 y 2012. La justicia europea confirmó así la multa de 18,93 millones de euros a España y le obliga a pagar además las costas del procedimiento.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró que la ratificación por el Tribunal de la UE de la multa es la «herencia que nunca acaba, la situación a la que nos llevó el PP con unas políticas fuera de cualquier marco jurídico razonable». Añadió que «sería bueno» que el Ministerio de Hacienda «devolviera el dinero», ya que a quien se le ha impuesto «es al Reino de España y debería pagarla el Gobierno».
El conseller de Hacienda, Vicent Soler, anunció que los servicios jurídicos de la Generalitat estudiarán fórmulas para que la multa la paguen sus «responsables», los gestores del PP en la Generalitat, y no los valencianos. El portavoz socialista en las Cortes, Manolo Mata, reclamó al Gobierno que ya que «se empeña en recentralizar y eliminar competencias» recentralice la multa a España y devuelva los 19 millones que ya han sido detraídos de las cuentas autonómicas.
El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, exigió por su parte a los expresidents de la Generalitat Francisco Camps, Alberto Fabra, José Luis Olivas, Eduardo Zaplana y Joan Lerma que «aclaren» su grado de implicación en el falseo del déficit, mientras que el diputado autonómico del PP Rubén Ibáñez aseguró que la práctica multada arrancó en 1988, con el Gobierno del socialista Joan Lerma, siendo jefe de gabinete el presidente de la Generalitat Ximo Puig.
