La Generalitat Valenciana se personará en la pieza 5 del caso Gürtel, relativa a contrataciones menores entre el Consell y la empresa Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, conocido como «El Bigotes», para recuperar unos 250.000 euros presuntamente desviados con el PP de la Comunidad y que «pertenecen a los valencianos». La personación será en el ámbito civil. Así lo anunció ayer la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. La número dos del Ejecutivo autonómico explicó que en 2014, el tribunal valenciano, que en ese momento llevaba la instrucción de Gürtel, ofreció a la Generalitat la posibilidad de personarse en el procedimiento como posible perjudicada «por haberse pagado dinero que no se debería haber pagado», pero el entonces presidente, Alberto Fabra, descartó esta opción. «El entonces gobierno decidió no defender los intereses de los valencianos ante los tribunales para recuperar el dinero presuntamente saqueado», insistió Oltra, y agregó que ahora se ha revocado este acuerdo «que se hizo en contra del criterio de la Abogacía de la Generalitat».

Mónica Oltra dijo que no se personan en la parte penal puesto que la Generalitat corre el riesgo de que el tribunal encargado ahora del proceso -la Audiencia Nacional- se lo deniegue a estas alturas de la causa, en la que ya está concluyendo la instrucción de la pieza, y tampoco le permita ir por vía civil. La vicepresidenta concretó que el dinero presuntamente defraudado a la Generalitat son unos 250.000 euros y «queremos que vuelvan», insistió. No obstante, el total de los contratos firmados en esa época y que están estudiándose suman un valor de 1,6 millones de euros aproximadamente. En total, recordó Oltra, se investigan 71 operaciones entre 2005 y 2009, en la época del PP, que afectan a Presidencia, Vicepresidencia, siete consellerias y organismos públicos. Se trata de expedientes en los que presuntamente se vulneraron los principios contractuales de concurrencia y publicidad y revelan situaciones en las que no hay constancia de que se hubiera realizado el servicio contratado.

Por otro lado, la Abogacía de la Generalitat remitió al juzgado un informe en el que responsabiliza al exconseller José Císcar -actualmente diputado autonómico y líder de los populares de la provincia de Alicante) y al exalto cargo Máximo Caturla de haber contratado al menos a ocho trabajadores «zombies» en esta empresa pública, entre ellos la diputada del PP Beatriz Gascó y el exconcejal del PP de València Emilio del Toro. Dicho informe remarca que la Abogacía advirtió a Císcar que no tenía capacidad para realizar contratos de alta dirección en Ciegsa.

En declaraciones antes de asistir a la comida de Navidad de los populares junto a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, Císcar mostró «tranquilidad absoluta» y negó que Del Toro fuera un zombi. Afirmó que él «nunca» contrató a nadie que no trabajara. «Del toro no estaba de brazos cruzados», indicó. Por su parte, el portavoz de Compromís en las Cortes, Fran Ferri, pidió la dimisión de Císcar y también desacreditó a la diputada Gascó, la diputada que ataca al Botànic por el supuesto adoctrinamiento en los colegios.