El Gobierno de Mariano Rajoy presentó el plan normativo anual de 2018, que prevé la aprobación de 287 normas, entre ellas un nuevo sistema de financiación autonómica. Una reforma del modelo que, sin embargo, vuelve a dejar sin fecha a pesar de que está caducado desde hace ahora cuatro años y de que existía un acuerdo de la Conferencia de Presidentes Autonómicos -celebrada el pasado mes de enero en Madrid- para que esa cuestión, el principal problema de la Comunidad, se cerrara antes de finalizar este 2017. Ya se sabe, por tanto, que el compromiso se incumplirá sin saber cuándo se podrá resolver. La Generalitat reclama, como se recordará, una cantidad anual de 1.300 millones para poder tener el mismo nivel de atención a servicios básicos que el resto de comunidades y una compensación por un déficit de financiación de casi dos décadas que superaría los 20.000 millones.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría evitó «mojarse» sobre las fechas de aprobación de la reforma del sistema. «El plan no es rígido y es posible que a lo largo de la legislatura se plantee la necesidad de aprobar otras normas que inste el poder legislativo», indicó Sáenz de Santamaría que, además, condicionó su aprobación a los acuerdos que se consigan tanto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera -la próxima convocatoria es a finales de diciembre- como a nivel parlamentario. Sáenz de Santamaría evitó dar una fecha. «Se trata de echar a andar e intentar conseguir el doble acuerdo entre las administraciones y a nivel político. Es una ley de mucho calado», apuntó con prudencia. El retraso en la aprobación de la nueva financiación autonómica ha provocado ya una multitudinaria manifestación hace dos semanas en València y la protesta de los grupos políticos. Ayer mismo, por ejemplo, una delegación de Compromís participó en un acto en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas para denunciar el trato que recibe la Comunidad.

Ximo Puig, por su parte, exigió al Gobierno que cumpla con el compromiso de diseñar antes de fin de año el nuevo modelo y lo separó de la reforma de la Constitución. «Otra cosa es que haya una irresponsabilidad por parte del Gobierno, que ahora dice que no se dan las circunstancias políticas para cumplir», lamentó el jefe del Consell. «No vamos a hacer una guerra si el plazo se alarga hasta enero, pero lo que no vamos a permitir es que no se cumplan los acuerdos», advirtió Puig antes de zanjar: «No hay excusas, el gobierno ha de asumir su responsabilidad. No podemos celebrar la Constitución e incumplirla constantemente».