El pleno de las Cortes Valencianas aprobó este jueves -con los votos a favor de PSPV, Compromís, Podemos, Cs y la abstención del PP- la Ley de Renta Valenciana de Inclusión, que contempla que el importe de esta será de 495,3 euros en el caso de un titular, frente a los 385 actuales, tanto en los casos en que la persona no necesite un itinerario de inserción o de acompañamiento como en los que sí lo requiera. En caso de que el solicitante renuncie voluntariamente a realizar a ese itinerario la ayuda se reducirá hasta los 237,6 euros. Esta Renta prevé beneficiar a cerca de 95.000 personas en 2020, año en que se producirá su última fase de aplicación, y sustituirá a la actual renta garantizada de ciudadanía con distintos tipos de prestaciones: una complementaria del trabajo o de las prestaciones que no llegan al 80 por ciento del salario mínimo interprofesional, y una segunda de Inclusión Social, que se concederá en función de una valoración individual de la persona solicitante y que podría variar.
Asimismo, flexibiliza los requisitos de acceso, siendo necesario sólo un año de empadronamiento, frente a los 24 meses actuales. Además, exige únicamente la residencia efectiva en la Comunidad Valenciana para tener derecho a la misma, y amplía la edad para poder solicitarla a los 18 años a la vez que se elimina el límite de edad para percibirla, cuando ahora era sólo para personas de entre 25 y 65 años. Entre los beneficiarios estarán los jóvenes que han sido tutelados por la Generalitat, las víctimas de violencia de género y las mujeres víctimas de trata, que podrán acceder a las ayudas independientemente de su edad. Además, tendrá carácter indefinido frente al límite de tres años que estaba establecido hasta ahora en la normativa vigente.
