Castigo para las entidades que organizaron la manifestación por la financiación autonómica de hace dos semanas en la que pedían un trato justo para la Comunidad en el reparto de fondos entre comunidades. Cumpliendo con su amenaza, el grupo del PP en las Cortes, entre las 1.250 enmiendas que ha registrado a los presupuestos de la Generalitat de 2018, ha incluido un paquete con cuatro iniciativas en las que pone encima de la mesa la retirada de las subvenciones nominales de 600.000 euros que recibirá la Confederación Económica Valenciana (CEV) -la patronal autonómica que preside Salvador Navarro- además de la que se conceden a los sindicatos CC OO y UGT por otros 1,2 millones. Fueron los tres principales impulsores de una protesta que suponía un ataque directo a la gestión de Mariano Rajoy, que mantiene bloqueada la reforma del sistema de financiación. Un modelo caducado desde hace casi cuatro años y que perjudica a la Comunidad en una cifra superior a 1.300 millones anuales.

Esas enmiendas del PP no dejan de ser un brindis al sol aunque desde luego tienen el valor político de censurar a los convocantes de la multitudinaria manifestación celebrada en València. No saldrán adelante en el debate de las enmiendas parciales que arranca la próxima semana pero, desde luego, tienen tono de crítica al evidenciar así el malestar de los populares con la protesta. Esa cantidad global de 1,8 millones, de acuerdo con la propuesta popular, se destinaría a prevención de riesgos laborales y a mejorar la condiciones de trabajo y administración de las relaciones laborales en concurrencia abierta y competitiva para todas aquellas entidades sindicales y empresariales de la Comunidad que quieran presentarse. El actual presidente de la CEV es partidario de acabar con las ayudas públicas. Pero, en todo caso se da la circunstancia de que esas subvenciones están protegidas por la Ley de Participación Institucional, una norma que aprobó en su día el PP con mayoría absoluta. Una situación que ratifica, si cabe, todavía más el contenido político y de censura de esas enmiendas.

Junto a las iniciativas del PP, había expectación sobre las propuestas de los dos grupos que tienen en sus manos la aprobación de los presupuestos: Podemos y los no adscritos de #Agermanats que conforman cuatro exdiputados de Cs encabezados por Alexis Marí. Como adelantó este periódico en su edición del pasado domingo, el líder de Podemos, Antonio Estañ, aflojó con la tasa turística. Dijo estar «abierto al diálogo» para «ver hasta dónde podemos negociar» y especificó que, de forma paralela a la posible implantación de ese impuesto, se recoge un aumento de 660.000 euros de la dotación para la inspección de apartamentos ilegales. Estañ se centró en otras cuestiones, en su opinión, ahora claves como el plan de residuos o la vivienda. Podemos pide elevar de 40 a 75 millones los recursos para facilitar el acceso a una casa. «Si no aprobamos los presupuestos, habrá que hacer algún tipo de replanteamiento del Pacte del Botànic», advirtió el líder de los morados. Los ex de Cs, por su parte, intentarán rentabilizar su voto decisivo con un total de 38 propuestas. Destacan el aumento de efectivos de la Policía Autonómica con más competencias, todo un paquete de medidas sociales y una auditoría para intentar frenar el rescate de concesiones privadas sanitarias.