199 plazas. Ésta es la cifra que el Consell ha puesto encima de la mesa para la oferta de empleo público de 2017 de sus empresas y entidades públicas, un pata de la Administración que el PP agigantó en sus veinte años de gobierno en la Generalitat y que arrastra un porcentaje de temporalidad superior al 30%. No parece, sin embargo, que la situación de las plantillas en el sector público instrumental de la Generalitat cambie mucho esta legislatura. Ni entrará mucha gente nueva de la calle (al menos para ocupar puestos fijos), ni se tocará al personal contratado en su día sin proceso de selección, ni parece tampoco que se implante como fórmula de acceso el concurso oposición.

Al menos así se deduce de la última propuesta que la Administración ha presentado a los sindicatos y que, de momento, ha sido rechazada. Y es que en el plazo de menos de un mes, la Conselleria de Hacienda ha modificado una primera propuesta en la que, de un lado, se establecía el sistema de concurso oposición para acceder a un puesto en el sector público y, de otro, se instaba a las entidades a sacar ofertas de empleo público que, además de cubrir las plazas vacantes.

El Consell ha cambiado de criterio y el pasado martes en una nueva reunión de la Mesa de Diálogo del Sector Público presentó un nuevo documento con cambios sustanciales. El concurso oposición queda reconvertido en «procesos selectivos que incorporen pruebas objetivas que respeten los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad». Según UGT, esta fórmula abre la puerta todo tipo de pruebas, incluida una entrevista o un concurso de méritos, como ocurría en época popular.