? En un movimiento casi inédito en los 35 años de autogobierno valenciano, la sociedad civil de la Comunidad, con la única excepción del PP, se manifestó hace una semana con un objetivo común: exigir a Madrid un trato justo en el reparto de la financiación autonómica. Una distribución en la que la Generalitat sale claramente perjudicada. Y no sólo con el modelo que entró en vigor en 2004 aprobado por el gobierno del PP de José María Aznar o con el que diseñó en 2009 el gabinete socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, todavía vigente a pesar de que lleva ya caducado desde hace cuatro años. Sino con los modelos que se remontan al traspaso competencial.