La Generalitat ha remitido al Ministerio de Hacienda su valoración sobre el informe de los expertos en materia de financiación en el que propone que las comunidades autónomas asuman hasta un 70% de la recaudación del IVA (actualmente 50%), para garantizar la sanidad y la educación además de condonar parte de la deuda que arrastra la Comunidad por la falta de financiación -concretamente 20.245 de los cerca de 45.000 millones del agujero del Consell- para intentar lanzar el nuevo sistema, cuya reforma está ahora mismo bloqueada. Según un comunicado, la Conselleria que dirige Vicent Soler ya ha remitido al Ministerio de Hacienda su informe para el comité técnico de evaluación de la financiación autonómica, posicionándose respecto a las conclusiones del informe de julio elaborado por el comité de expertos.
El modelo planteado por el Consell se basa en tres principios: suficiencia de las comunidades para atender los servicios públicos fundamentales, reequilibrio en el reparto de recursos entre la Administración central y las comunidades, y sostenibilidad financiera, con el fin de garantizar el acceso de todos los ciudadanos a un nivel de calidad homologable en los servicios básicos de sanidad, educación y protección social. Un gasto, subraya el texto, que se ha reducido durante la crisis en términos reales por habitante en un 14,2%. Únicamente de esta manera se puede entender que las autonomías no gasten demasiado en servicios públicos fundamentales, ya que están un 23% por debajo de valores de la Euro Zona, y las comunidades de régimen común invierten un 30% menos que las forales. Como señala el documento, las comunidades gestionan el 67% del gasto del Estado del Bienestar, financiado con impuestos.
Por ello, para lograr la sostenibilidad del mismo, es imprescindible que la participación de las autonomías en los principales ingresos tributarios (IRPF, IVA e Impuestos Especiales) sea proporcional al gasto que gestionan. La valoración valenciana coincide con el informe de los expertos en que la insuficiencia de recursos del modelo para que las comunidades pudieran atender sus competencias en el Estado de Bienestar fue de 16.484 millones en 2015. Por ello, la Comunidad Valenciana propone en el nuevo sistema de financiación reordenar la participación de las comunidades de régimen común en las diferentes figuras tributarias, manteniendo la participación del 50% en el IRPF, alcanzando el 70% de participación en el IVA y los Impuestos Especiales -actualmente, el 50% y el 58%, respectivamente-, y ampliando las figuras de tributos cedidos. En concreto, se plantea la cesión de impuestos medioambientales y del impuesto sobre primas de seguros.
El sistema propuesto se estructura en tres tramos, un Fondo Básico de Financiación para los servicios públicos fundamentales, un tramo para el resto de competencias y un Fondo Complementario para las transferencias no homogéneas. El Fondo Básico de Financiación sería el garante de la suficiencia de los servicios públicos fundamentales de competencia autonómica y se nutriría con la totalidad de la recaudación normativa del tramo autonómico del IRPF (50 %) y la totalidad de la recaudación real (no territorializada) que corresponda a las autonomías de régimen común de los tramos autonómicos del IVA (70%) y de Impuestos Especiales (70%). Las comunidades forales aportarían a este fondo para asegurar una prestación equitativa en servicios básicos.
Para financiar el resto de funciones de gasto en condiciones de igualdad para todas las comunidades en el año base, se cederían a las comunidades los actuales tributos cedidos, más el Impuesto sobre primas de seguro y los Impuestos medioambientales estatales. Los tributos cedidos sobre los que las comunidades no tienen capacidad normativa constituirían un Fondo de Nivelación Vertical, que se distribuiría anualmente en proporción a la población de cada región. En tercer lugar, con el fin de financiar el gasto de los territorios de régimen común en las competencias transferidas que no son homogéneas, se dotará el Fondo Complementario de Financiación mediante la correspondiente aportación estatal, en sustitución del actual Fondo de Suficiencia. De forma global, con este modelo, la Comunidad lograría unos 1.500 millones.
Además, coincidiendo con el informe de los expertos, la Comunidad Valenciana defiende promover fondos de reserva en las autonomías para asegurar que los vaivenes de la economía no afecten a sus competencias del Estado de Bienestar. La propuesta valenciana plantea asimismo la condonación de deuda para todas las comunidades derivada de la insuficiencia global de recursos, unos 20.245 millones en el caso valenciano. El conseller de Hacienda, Vicent Soler, manifestó que «todas las comunidades autónomas están infrafinanciadas», por lo que «es necesario abordar el problema principal». «El dinero es del contribuyente que paga sus impuestos y luego quiere unos servicios a la altura de las circunstancias. Por eso reclamamos que el sistema dote al conjunto de las comunidades autónomas de mayores recursos de acuerdo con las competencias transferidas», añadió.
