15 de noviembre de 2017
15.11.2017

La doble negación de la diputada de EU

Raquel Pérez se niega a renunciar a su acta en la corporación provincial pese a perder la confianza del máximo órgano de dirección

16.11.2017 | 00:51
La doble negación de la diputada de EU

No hubo ningún acuerdo de la dirección de EU para retirarle al exasesor las cuentas del grupo provincial.

La única representante de EU en la Diputación de Alicante, Raquel Pérez, se encuentra en una doble encrucijada. Por un lado, la diputada ha perdido la confianza del Consell Polític Nacional de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) por permitir que se pagara con dinero público el viaje del líder de EU, David Rodríguez, a Cuba para asistir al funeral de Fidel Castro. El Consell Político es el máximo órgano entre congresos de la formación en la Comunidad Valenciana, y la pérdida de su confianza supone una puerta abierta para abandonar el cargo en la institución provincial.

Por otro lado, desde la ejecutiva se ha ratificado a petición del exasesor de Pérez en la Diputación, Francesc Agulló, que no hubo ningún acuerdo oficial de la dirección para apartarle del acceso a las cuentas del grupo de EU en la Diputación.

Raquel Pérez avanzó a este diario que dejaría su cargo en el próximo pleno de la corporación provincial, previsto para el miércoles de la semana que viene. Incluso concretó que se pondría sus mejores galas republicanas para su dimisión, ya que Pérez acostumbra a llevar accesorios tales como pendientes o broches con los colores de la bandera de la República. Sin embargo no será así.

El motivo para no hacerlo ahora, según Pérez, es que se ha impugnado el Consell Politic de finales de octubre en el que tanto ella como el líder de EU de la Comunidad, David Rodríguez, perdieron la confianza del máximo órgano entre congresos, una impugnación que todavía no se ha presentado de forma oficial, según concretó ayer el secretario de organización de EUPV, Antonio Parrilla.

Por ello, la dimisión de Pérez se ha paralizado. La diputada asegura que se irá cuando toque, que en ningún caso se convertirá en tránsfuga y que no se quedará con el acta, un hecho que ha reprochado hasta la saciedad al diputado no adscrito Fernando Sepulcre. Pero que habrá que esperar a que se presente y resuelva la impugnación del Consell Polític del día 27 de octubre, una estrategia que da aire a la diputada, que además podría plantearse alegar que ni ese Consell Polític ni ningún otro tienen validez al estar impugnada ante el comité de garantías la confección del Consell Polític Nacional.

Sin embargo, la continuidad de Raquel Pérez, que no va a dimitir de forma inmediata, también depende de lo que ocurra el próximo día 15 de diciembre en un nuevo Consell Politic Nacional para elegir un nuevo coordinador general después de que este órgano, formado por 115 personas, decidiera por 63 votos frente a 52 censurar a la actual dirección.

Por otro lado, no hubo ningún acuerdo oficial de la dirección de EU para retirarle al exasesor de Pérez en la Diputación de Alicante, Francesc Agulló, el acceso a las cuentas del grupo en la institución provincial. Agulló, que denunció a Pérez por «mobbing» ante el partido, reclamó tras una noticia recogida en este diario a la dirección de EUPV la documentación que ratificara si hubo una orden a la diputada para apartarle de las cuentas del grupo, tal y como aseguraron fuentes de la formación a este periódico, así como Raquel Pérez en una reunión comarcal. El exasesor de EU en la Diputación reclamó el acta de la reunión en la que se produjo esa decisión al entender que la diputada habla sin el acuerdo de un órgano que, en ningún caso, se reunió para ese asunto.

La secretaria de Política Municipal, Estefanía Candel, emitió un email a Agulló indicándole que no existe ninguna resolución sobre ningún acuerdo para retirarle las cuentas del grupo «ni nada parecido porque eso no se decidió en ninguna ejecutiva», según ha podido constatar este diario. El diputado nacional de EU, Ricardo Sixto, también informó de que no tenía constancia de ninguna reunión de la ejecutiva para autorizar la retirada del acceso a las cuentas.

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