La consellera de Sanidad Universal, Carmen Montón, anunció ayer que los presupuestos de 2018 destinarán 90 millones a integrar la plantilla del departamento de La Ribera cuando el 1 de abril pase a la gestión pública directa, así como otros 5,7 millones para inversiones de urgencia en esta área de salud. Otra de las principales novedades para el próximo año son los 35 millones que se destinarán a ampliar los colectivos beneficiados por las ayudas contra el copago hasta alcanzar los dos millones de personas de la Comunidad, el 40% de la población. En total se destinarán 89,6 millones a la lucha contra «la pobreza farmacológica». La consellera aprovechó su presencia en el parlamento para reivindicar 253 millones al Estado como compensación por la atención sanitaria a desplazados de otras comunidades.

Montón realizó este anuncio durante su comparecencia en las Cortes para explicar las cuentas de su departamento del próximo año, que ascienden a 6.390 millones, lo que supone un 5% más que el ejercicio anterior y un 16,34% en comparación al último presupuesto del PP. Así, el capítulo que más crece es el de «Gastos de Personal» hasta los 139,3 millones para, entre otras cuestiones, integrar el personal procedente del departamento de La Ribera y que los ratios de profesionales se equiparen al resto de departamentos. Además, crece para asumir con personal propio las exploraciones con resonancia magnética tras la recuperación para la red pública de servicios privatizados y atender al personal necesario para implementar el nuevo modelo de prestación farmacéutica que se desarrolla en residencias para mayores.

Por otra parte, destacó que por tercer año no solo se mantienen las ayudas al copago a personas con rentas inferiores a 18.000 euros -pensionistas, personas con diversidad funcional y menores a su cargo- sino que se amplían a nuevos beneficiarios: parados perceptores de la prestación o subsidio por desempleo; parados que han agotado la prestación por desempleo (y que aún no se les ha concedido el subsidio); adultos beneficiarios de sanidad universal y familias monoparentales y personas titulares y beneficiarias de la renta valenciana de inclusión. En total, se benefician cuatro de cada 10 personas.

Por su parte, el capítulo de inversiones reales crece un 32,9% hasta los 98,8 millones para cubrir el desarrollo del Plan de Dignificación de Infraestructuras Sanitarias 2016-2020.

Montón explicó que el ahorro estimado por nuevos concursos superará los 40 millones. Además, ha destacado que, para mejorar el control de prestaciones externas, por primera vez se recoge la totalidad de los contratos y conciertos con un total de 281 millones. La oposición calificó las cuentas de «fuego de artificio».