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Cuenta atrás para las leyes del Botànic

Más de treinta normas están en lista de espera para ser aprobadas por las Cortes. El Consell se queda sin margen para sacar adelante reformas claves como el sector público, la educación o lo servicios sociales

Cuenta atrás para las leyes del Botànic

Dieciocho meses. Este es el plazo que el Botànic tiene por delante para implantar sus políticas antes de que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, convoque elecciones y disuelva las Corts en la primavera de 2019. Mucho tiempo o poco, según se mire. En lo que respecta a la producción legislativa, podría decirse que el Consell y el tripartito han entrado en tiempo de descuento. La actividad legislativa ha sido intensa en la primera mitad de la legislatura (a fecha de hoy se han aprobado ya 33 leyes, 14 más que en el mismo período del Consell de Alberto Fabra), pero todavía son muchas las iniciativas que se agolpan en las Corts en espera de su aprobación definitiva. Entre proyectos de ley y proposiciones, la lista de espera en la Cámara asciende a 24 normas. En principio, todas ellas verán la luz esta legislatura, incluso algunas este mismo 2017, como es el caso de la ley de presupuestos de 2018, norma que tienen prioridad y que acaparará el debate en el hemiciclo en el actual período de sesiones.

Ahora bien, la cuenta atrás ha comenzado para aquellas iniciativas que todavía no han entrado en el lento circuito de los trámites, un recorrido que puede llegar a retrasarse más de un año. Es lo que ha consumido, por ejemplo, la nueva ley de Cooperación: Pasó por primera vez por pleno de Consell en septiembre de 2016 y aún está pendiente. Tal es el cuello de botella en las Corts que las fuentes parlamentarias consultadas calculan que aquellas leyes que no lleguen en el primer trimestre de 2018 (el mes de febrero puede ser clave), difícilmente llegarán a buen puerto. Desde el Ejecutivo se es optimista respecto a las leyes que ya se están trámitando (tanto si han llegado o no a las Corts) pero se admite que no habrá margen para las más rezagadas. Cabe apuntar que el trámite previo para que una norma pase por pleno se demora más de 6 meses entre alegaciones, exposición pública e informes preceptivos.

Así las cosas, las distintas consellerías tendrán que hacer un sprint si quieren que sus leyes pendientes vean la luz esta legislatura. Diez normas han pasado ya por el Gobierno, pero todavía tienen trámites pendientes antes de llegar a la Cámara: la ley de mediación, la modificación de la ley de ordenación territorial, la ley de lobbys o la de la muerte digna están en este paquete. Para ellas hay esperanza.

Sin embargo, hay otros compromisos legislativos que tienen escasas posibilidades de ver la luz. La conselleria de Hacienda seguramente sacará adelante su ley del Juego (ya ha pasado el trámite de audiencia), pero no parece que la controvertida ley sobre el sector públicoley sobre el sector público quede resuelta este mandato. Hay borrador, pero el departamento de Soler lo tiene en un cajón. La mesa de diálogo con sindicatos lleva ya meses sin reunirse y en este sector se da por hecho que el melón no se abrirá este mandato.

También la nueva ley de función pública acumula retrasos. La Conselleria de Justicia tiene previsto someterla al primer análisis del Consell próximamente, pero por prisa que se dé, una de sus novedades, el requisito lingüístico, no podrá implantarse esta legislatura. Políticas Inclusivas y Educación han consumido muchas energías en leyes que ya están en el disparadero de salida (la renta de ciudadanía o el plurilingüísmo) pero todo apunta a que dejarán pendientes otras claves, como las nuevas leyes de Servicios Sociales y Educación.

Tampoco parece viable que la comisión de la reforma del Estatuto saque adelante la ley electoral. La bajada de la barrera electoral preocupa a los grandes partidos y está paralizada.

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